Ordenan resarcir patología conforme medición de movimientos que hizo el perito

El TSJ cordobés entendió que el experto no necesitó nuevos estudios médicos ni el uso de un goniómetro para determinar la limitación funcional que padecía el trabajador a causa de sufrir un accidente

Al interpretar que el grado de minusvalía del hombro del trabajador, asignado por el perito médico oficial, encontró sustento en los movimientos y mediciones detalladas, faltando a la fundamentación del fallo que el Juzgador le quitara valor a la pericia porque no se acompañaron nuevos estudios médicos y porque no se indicó si se utilizó un goniómetro, ya que la materia dictaminada por el experto es ajena a sus conocimientos, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) condenó a Galeno ART al pago de la incapacidad en cuestión.

En la instancia previa, el juez consideró acreditado el accidente, pero destacó que la actora no aportó pruebas para fundar la mayor invalidez que reclamaba, amén de que el certificado médico presentado no fue reconocido.

En cuanto a la pericial médica, el a quo sostuvo que los fundamentos dados por el perito oficial eran vacuos y lacónicos, sin respaldo en estudios posteriores a la emisión del dictamen de comisión médica.

Asimismo, consideró inconsistentes los porcentajes de limitación funcional asignados al trabajador porque el galeno no indicó si utilizó un goniómetro para establecerlos, concluyendo que carecía de valor probatorio para lo dispuesto por la comisión médica.

La actora se agravió por el rechazo, denunciando errónea aplicación del artículo 46 del Código Procesal del Trabajo (CPT). Sostuvo que el certificado médico aludido era un instrumento válido para la admisión de la demanda, pues no fue cuestionado por la demandada y adujo que era injustificada su reprobación.

De igual modo, la accionante dijo que la descalificación de la pericia médica era infundada y subrayó que el perito oficial determinó la incapacidad conforme el baremo decreto 659/1996.

Constancias

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que de las constancias de autos surgió que en el examen físico realizado por la comisión médica se comprobó que el actor sufría de limitación funcional de hombro izquierdo frente los movimientos abdo elevación (130°) y elevación anterior (140°).

El TSJ relató que, disconforme con el fallo, el trabajador interpuso la acción con base en el certificado de su médico particular, quien le diagnosticó una limitación superior a la que le fue reconocida en juicio.

El Alto Cuerpo indicó que de acuerdo con lo informado por el perito médico oficial, durante el examen clínico se constató una mayor limitación en los movimientos de abdo elevación (120°) y elevación anterior (120°) y además se detectó limitación en la elevación posterior (30°) y rotación externa (70°), lo cual explica el mayor porcentaje de incapacidad asignado al trabajador en función de la tabulación prevista por el mencionado baremo decreto 659/1996.

Para el TSJ, el grado de minusvalía asignado por el experto encuentra sustento en los movimientos y mediciones detalladas.

Los vocales entendieron que carecía de respaldo que el juzgador a quo invalidara la pericia porque no se acompañaron nuevos estudios médicos y porque no se indicó si se utilizó un goniómetro, apreciación con la que el magistrado se involucra en materia ajena a sus conocimientos, lo que le está vedado, concluyéndose que el dictamen fue descalificado indebidamente. En consecuencia, en el fallo se resolvió que correspondía anular el pronunciamiento en este aspecto.

Fondo

Al entrar en el fondo del asunto, el TSJ consideró que el acaecimiento del accidente de trabajo in itinere de fecha 16 de junio de 2014 llegaba en condición de firme a esta instancia, añadiendo que la prueba médica confirmó que, como consecuencia del siniestro, el actor padece “limitación funcional de hombro izquierdo” que le genera una incapacidad parcial, permanente y definitiva de 8,19% TO incluidos los factores de ponderación, en un dictamen que no fue desvirtuado.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que correspondía admitir la demanda por una incapacidad de 8,19% de la total obrera y condenar a la ART a abonar la indemnización del artículo 14, inciso 2, apartado a), de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), conforme la ley 26773, vigente a la fecha del siniestro.

Por lo expuesto, en la causa se ordenó que al capital de condena que se determine se deberán adicionar intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio nominal mensual del Banco Central con más dos por ciento mensual desde el siniestro hasta la fecha del pago parcial, en que deberá practicarse el descuento de la suma abonada por la ART ($19.509,45) y desde allí, se adicionarán idénticos intereses hasta el efectivo pago.