Ordenan reintegrar gastos de un tratamiento de criopreservación de óvulos

La Justicia federal de Bahía Blanca hizo lugar al planteo de una mujer y condenó a una prepaga médica a reconocer las erogaciones que debió efectuar la accionante, a quien de le había sugerido la conservación al habérsele diagnosticado un cáncer de mama

El Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca hizo lugar a una demanda contra la prepaga Swiss Medical y la condenó a abonar a la actora los gastos por el tratamiento de criopreservación de óvulos, su mantenimiento anual, daño moral e incluso daños punitivos, más costas e intereses.

El caso se generó en una acción impetrada en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), en la cual una mujer requirió que se le reintegren los gastos que tuvo que afrontar por el tratamiento en cuestión.

La demandante alegó que, tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama, la médica le sugirió preservar óvulos atento a que el tratamiento de quimioterapia sería agresivo y podría provocarle esterilidad. Luego de hacer las consultas y averiguar presupuestos, la actora se comunicó con su prepaga y ésta le informó la cobertura que tendría y que “la criopreservación y el mantenimiento anual sería cubierto por reintegro”. Finalmente, se autorizó a realizar la prestación pero, atento a que “los retrasos y burocracia de la demandada le iban a impedir ser madre en el futuro”, decidió afrontar los gastos en forma personal.

Facturas

Pagados los gastos, presentó las facturas a la prepaga para su reintegro y ésta sólo le envió una orden de pago con montos inferiores a lo abonado. Ante este contexto, la actora remitió una carta documento reclamando el pago y la prepaga contestó que ese tratamiento se pagaba por reintegro hasta la suma efectivamente pagada, lo que en definitiva motivó la demanda.

La magistrada de grado consideró que el límite que tomaba la demandada para reintegrar no era correcto porque la ley 26862, que busca asegurar el acceso integral a estas prácticas para reproducción medicamente asistida, obligaba a los integrantes del sistema de salud -entre ellos la prepaga- a incorporar esas prestaciones a la cobertura; por lo cual hizo lugar a la acción.

La jueza entendió que “ante la situación que transitaba la actora, cualquier incumplimiento por parte de la entidad de medicina prepaga genera angustias, preocupaciones y temores que van más allá de una simple molestia”, lo que justificaba el pago de daño moral, algo en lo que coincidieron los camaristas.

Punitivo

Sin embargo, ante la procedencia del daño punitivo, los camaristas Silvia Mónica Fariña y Pablo Candisano Mera discreparon de la primera instancia que decidió otorgarlos porque -explicaron- no resulta procedente ante el mero incumplimiento, y en el caso no existía “una conducta especialmente reprochable” ya que no rechazó la prestación y cumplió en tiempo y forma con el reintegro que entendió aplicable, “lo que no implica una conducta intolerablemente nociva que afecte un interés comunitario, ni mucho menos la demostración de un dolo o culpa especialmente grave en su accionar susceptible de semejante reprimenda”.