No otorgar licencia especial no implica dejar de proteger a una víctima de violencia

El Ministerio de Educación provincial le negó el permiso a una mujer que trabaja en una escuela. El tribunal avaló el rechazo, luego de asegurar la adopción de medidas para evitar la intimidación de la peticionante [privado]

Al advertir que la discusión apelada por la actora giró en torno a la legalidad del acto administrativo, cuestión que excede la competencia de la jueza de Violencia de Género y pertenece a la órbita administrativa que corresponda, la Cámara 2ª de Familia de Córdoba confirmó la resolución que rechazó la impugnación de una mujer a quien la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó le denegó la licencia por violencia de género prevista en la ley 10318.

Sin embargo, el tribunal avaló la decisión con base en las previsiones adoptadas por la sentenciante de grado, en cuanto a la adopción de medidas tendientes a salvaguardar a la víctima de los hechos violentos (ver “Derecho”).

Con respecto a la licencia en debate, la a quo consideró que la resolución dictada por el Ministerio de Educación, como responsable de la escuela aludida, revestía el carácter de acto administrativo, por lo que, para habilitar su control por vía judicial, debía agotarse esa vía, lo cual fue apelado por la solicitante.

Ante ello, el tribunal integrado por los vocales Graciela Melania Moreno y Fabián Eduardo Faraoni sostuvo que, tal como lo sostiene la jueza de primera instancia, la cuestión relativa a la revisión de la denegatoria de la licencia requerida a la autoridad administrativa, la mujer debe tramitar por el carril administrativo pertinente.

En esa dirección, la alzada precisó que si bien no se desconocen los fines que persigue el otorgamiento de licencias en el marco de la ley 10318, lo cierto es que, en el caso concreto, la resolución cuestionada es ajustada a derecho desde que claramente la pretensión de revisión y consiguiente revocación de un acto administrativo otorgado por la administración provincial, excede la competencia de la juez de violencia de género, debiendo atacarse la resolución por vía administrativa conforme los recursos y procedimiento previstos en la ley.

Así las cosas, el tribunal entendió que la discusión en torno a la fundamentación de un acto administrativo implica, necesaria e inescindiblemente, la discusión de la legalidad del acto mismo, por transgresión de las reglas que condicionan su juridicidad, lo que determina la aplicación de principios y normas de derecho público.

Competencia

La cámara remarcó que ello excede la competencia de la juez de Violencia de Género y obliga a acudir a las vías administrativas, agregando que tal fundamento resulta dirimente y no ha sido atacado por la recurrente, quien se limitó, tal y como lo señala la contraria, a señalar su disconformidad con el acto denegatorio de la licencia, reiterando los argumentos que vertiera en su oportunidad.

En conclusión, la alzada sostuvo que la revisión que se peticiona debe encauzarse por la vía explicitada por la jueza.

Derecho

Finalmente, el Alto Cuerpo aclaró que lo decidido no implica soslayar el reconocimiento constitucional-convencional del derecho a vivir sin violencia ni ataques a la honra y a la dignidad, subrayando que la jueza a quo, con fundamento en el artículo 11 de la ley 10401, adoptó todas las medidas cautelares tendientes a brindar la protección requerida, tales como la prohibición recíproca de acercamiento y contacto entre las partes y la orden al denunciado del cese de actos de perturbación o intimidación contra la solicitante.