No levantan embargo de caja de carnicería al no cumplirse transferencia del comercio

El juez interviniente valoró que quien figura como nuevo titular de la explotación debe soportar la cautelar al no haberse evitado legalmente el derecho del ejecutante -un trabajador- por deudas preliminares a la transferencia del establecimiento

Al advertir que la tercerista -quien esgrimió ser la titular de la carnicería pese a la documental en la cual consta que realizó un comodato por su uso y se le embargó la caja del negocio - no cumplió con los requisitos para la transferencia del fondo comercio, la Sala 2ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba rechazó la solicitud de levantamiento de la incautación para garantizar el derecho de los acreedores.

La tercerista adujo que desde el 3 de noviembre de 2021 explotaba el local en el que funcionaba una carnicería, conforme certificado de habilitación que indica quién es el titular del inmueble y cuáles son los bienes que se detallan en el contrato de comodato que adjuntó.

La mujer expresó desconocer a la persona que explotaba el negocio con anterioridad, sosteniendo que la recaudación del mismo le pertenece.

Impreso el trámite de ley, el ejecutante en los autos principales solicitó el rechazo de lo peticionado por la tercerista, con costas, agregando que la incidencia fue concertada entre los accionados de los autos principales, en connivencia con la tercerista.

Artículos

El ejecutante también afirmó que no acreditó la posesión actual en función del título de propiedad que exhibió, la naturaleza de los bienes y el mero contrato de comodato privado, sin la publicación de edictos, lo que no constituye prueba concluyente en los términos de los artículos 2255 y 2265 del Código Civil y Comercial (CCyC), dado que por medio de dicho comodato puede accederse al uso y goce de una cosa, pero no la posesión.

De igual modo, alegó que la tercerista tiene el mismo domicilio que los condenados en autos, conforme constancia de Registro de Electores SAC de la página del Poder Judicial y que la inscripción del negocio está a nombre del demandado y la supuesta titular del local de carnicería -la incidentista-, utiliza el mismo logo, cartelería, marquesina, y mantiene vigente/activo el mismo sitio oficial en la red social Facebook.

Finalmente, el embargante dijo que la representación letrada de la incidentista ha sido parte del mismo estudio jurídico que el abogado de los condenados en los autos principales, por lo que expuso que el giro comercial sobre el que se ordenó la intervención de caja, no dejó nunca de estar dirigido por los demandados y su grupo familiar

Documental

El tribunal integrado por el vocal Cristian Requena indicó que se a la prueba documental acompañada -constancia de condición tributaria, formulario de inscripción en la DGR, certificado de habilitación, certificado de registro de establecimiento y contrato privado de comodato, en cual se conviene la entrega del bien inmueble y muebles a favor de la tercerista-, si bien puede asignársele efectos administrativos, contables, e impositivos en el caso de marras, no resulta oponible al ejecutante.

Al respecto, el magistrado argumentó que se trata de un comercio que continúa con la explotación del mismo rubro, lo que se corrobora conforme la cláusula segunda del contrato en el que se consigna el único destino del inmueble y bienes muebles.

El tribunal subrayó que quien suscribe el comodato -R. C. R.-, consigna un domicilio que coincide con el de los condenados en los autos principales.

Conforme lo expuesto, la sala sostuvo que no habiéndose acreditado el cumplimiento de las exigencias impuestas por la ley 11867, para impedir la extensión de responsabilidad que la normativa prevé, no resulta oponible al trabajador el negocio jurídico que se hubiere llevado a cabo para operar un cambio de titularidad en la explotación del establecimiento y fondo de comercio.

En esa dirección, el fallo apuntó que la ley 11867 establece un sistema adjetivo para la protección de terceros acreedores del enajenante del fondo de comercio, como condición previa a la efectiva validez de la transferencia.

Inoponible

Por ello, el decisorio sostuvo que correspondía aplicar lo dispuesto por el artículo 2 del citado cuerpo legal, por lo que resulta inoponible al trabajador (a la postre, el embargante), la transferencia que no cumple con los requisitos de dicha norma.

Así, el juez Requena recordó que la documentación acompañada por la tercerista, no permite eludir lo específicamente normado por la ley referida, en cuanto expresamente establece que “ toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de capital federal o provincia respectiva, y en uno o más periódicos del lugar en que funcione el establecimiento”.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que la tercerista no acreditó que se hayan cumplimentado tales exigencias legales, por lo que se rechazó la pretensión de levantamiento de embargo que solicitó.

Autos: "Tercería de dominio de R., A. M. en 'F., L. A. c/ O., C. y otro - Ordinario - Haberes - Expte. n.° 3215897' - Tercería de dominio", Expte. N.° 10909234