No basta con que la imputada sea mujer para juzgar con perspectiva de género

La defensa pidió la libertad de una acusada de comercialización de estupefacientes agravada, madre de hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad. La magistrada aseguró que no se probó la vulnerabilidad aducida

Juzgar con perspectiva de género no está relacionado directamente con el hecho de que esté involucrada una mujer sino que la cuestión esté originada en relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad basadas en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas.

Así lo expresó la jueza de Control del fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, María Dolores Morales, al rechazar la oposición a la prisión preventiva planteada por la defensa de una mujer acusada por comercialización de estupefacientes agravada .

La defensa de la imputada argumentó que al dictar la preventiva se omitió considerar la condición de vulnerabilidad de la acusada, madre de dos hijos menores de edad, uno de los cuales tiene una discapacidad motriz.

Al analizar la cuestión, la magistrada repasó los elementos probatorios recabados por la instrucción con el objetivo de valorar si el caso encuadraba en el de una mujer violentada quien, durante el transcurso de los hechos que se investigan, fue víctima de índices de vulnerabilidad que de algún modo la incitaran a introducirse en el tráfico de drogas al menudeo.

“No caben dudas de que circunstancias tales como la carencia de posibilidades reales para afrontar la satisfacción de necesidades diversas de todo un grupo familiar, así como la asunción de roles de cuidado de niños en la absoluta soledad y sin contención y acompañamiento familiar, sumado a reales y serios problemas de salud de alguno de los integrantes del núcleo a cargo, con más la responsabilidad de procurar los recursos económicos para subsistencia de todos y afrontar los costos de tratamientos médicos, pueden operar como indicadores serios de extrema vulnerabilidad que nos obliguen a juzgar con perspectiva de género”, destacó la magistrada.

De las pruebas reunidas en la causa, Morales advirtió en primer lugar, de que nada indica que la imputada hubiera tenido un rol pasivo dentro de la organización a la que se le endilga pertenecer, limitándose a cumplir órdenes de otros implicados sin voluntad de decisión.

“ De la apertura del celular de la imputada surgieron múltiples conversaciones concertando operaciones de venta de estupefacientes , resultando relevante para lo aquí analizado, las conversaciones que mantuvo con un contacto agendado como Lanita, en donde discuten el precio de la sustancia que la encartada le vendería así como la calidad de la misma”, puntualizó el fallo.

La jueza también valoró las encuestas realizadas a vecinos, quienes coincidieron en que la vinculación de la imputada con el comercio de estupefacientes venía de larga data, además de calificarla como una persona conflictiva .

Citó, en tal sentido, el testimonio de una mujer de 50 años quien declaró que la acusada se dedicaba a vender drogas junto con su hermano Quique, y que “la primera vez que aquélla cayó presa, Quique se quedó sin droga para vender porque era ella la encargada de conseguirla”.

Finalmente, la magistrada puntualizó que la imputada cuenta en sus antecedentes con dos denuncias de violencia familiar, en las que las denunciantes son otras mujeres .

Así las cosas, el fallo concluyó que, con base en los elementos reseñados, no se puede corroborar la situación de vulnerabilidad que invoca la defensa , “menos aún una personalidad apacible, abdicada, que actúa como lo hace en virtud de pertenecer a un grupo humano que padece profundas desigualdades, o una compleja situación de vulnerabilidad que asedia a su grupo de pertenencia, o que esté inmersa en un complicado contexto familiar que habría contribuido a sustraerla del mundo ilícito en el que se encontraba, menos aún que estemos ante una imputada primaria”.