Niegan hábeas corpus a joven en conflicto con la ley penal

La magistrada interviniente recordó que la internación del adolescente en un instituto se dispuso según las atribuciones que le otorga la ley que rige la minoridad en la Provincia. [privado] El hábeas corpus no procede cuando un joven se encuentra a disposición de un tribunal con competencia en lo penal juvenil y si, además, en el marco del proceso en que se dispuso su internación en un instituto que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), esa medida “no ha experimentado un agravamiento en sus condiciones originarias”. Bajo esa premisa, la jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María de los Ángeles Palacio de Arato, rechazó el planteo de la defensa del adolescente. A su turno, la abogada del menor (de 16 años) solicitó el hábeas corpus, luego de que se dispuso la internación de su asistido en un establecimiento destinado a jóvenes en conflicto con la ley penal, a fin de abordar su problemática con la intervención de un equipo interdisciplinario. En la causa se investiga la presunta participación del adolescente –junto a otro menor- en un homicidio en ocasión de un robo, agravado por el uso de un arma de fuego. Autoridades Para ordenar la internación, la jueza tuvo en cuenta que el adolescente abandonó la escuela secundaria en primer año y que consume drogas, por lo que -según resaltó- no cuenta con una contención familiar adecuada, basada en la enseñanza de valores, el respeto a las normas, ni se le brinda una debida escolarización ni se resguardan sus derechos como adolescente. En su fallo, Palacio de Arato recordó que como las únicas autoridades constitucionales facultadas para ordenar el arresto de una persona son los jueces nacionales y locales, el hábeas corpus tiene por fin “proteger la libertad física o corporal ante la detención ilegal o arbitraria”, aclarando que tal remedio no procedía en el caso ya que el joven fue puesto a disposición del tribunal por la Fiscalía de feria, a raíz de un hecho de homicidio. Así, enfatizó que la internación y separación de su familia fue dispuesta dentro de las facultades legales concedidas por la ley provincial que regula la minoridad (Nº 9944). “El tribunal competente tiene facultades en cualquier momento del proceso y sin perjuicio de que prosiga la investigación para autorizar –de oficio o a solicitud de parte- que el niño sea institucionalizado o derivado a servicios alternativos que eviten la tutela judicial”, resaltó la juzgadora. Asimismo, subrayó que el interés superior del niño, reconocido por tratados internacionales con jerarquía constitucional, era que permaneciera en su medio familiar, pero remarcó que en el caso hay indicios y sospechas de que el joven intervino en la perpetración de un homicidio y que su libertad podía considerarse un entorpecimiento para la investigación. “Su derecho no es absoluto, toda vez que también se encuentran en juego los derechos subjetivos de toda la comunidad a la investigación de los hechos penales y de descubrir la verdad real, por lo que en este momento es imprescindible contar con la internación del joven”, concluyó. Finalmente, la magistrada destacó que la medida dispuesta no respondía a la vieja concepción tutelar, que ordenaba la intervención jurisdiccional ante la mera comprobación de que un niño estaba en situación de vulnerabilidad, ya que se estaba ante un joven en conflicto con el ordenamiento criminal, lo que obliga a la actividad jurisdiccional a cumplir los principios inherentes a cualquier proceso penal, tales como los de legalidad, culpabilidad, defensa e inocencia, entre otros (artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño). Función jurídica En definitiva, Palacio de Arato recalcó que “en la hipótesis de que un niño o adolescente haya infringido la ley penal, éste debe entenderse no como un mero objeto de protección sino como un sujeto pleno de derechos, y deben reconocerse a su favor todas las garantías sustanciales y procesales que limitan la intervención estatal, por lo que el juez debe cumplir, en consecuencia, no una función tutelar sino fundamentalmente una función técnico-jurídica”. [/privado]

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