ESCUCHARDaniel Ortega canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada. En febrero pasado, parte de la dirigencia del la entidad, apresada por razones políticas, fue desterrada
En Nicaragua, el régimen que encabeza la dupla matrimonial Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y, por consiguiente, de todas las cámaras que lo integraban.
La nueva ofensiva contra el sector empresarial se concretó con una resolución del Ministerio de Gobernación que argumenta que las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro. El texto cita lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Según informó el medio La Prensa, las cámaras ya habían enfrentado problemas para concretar la convalidación, al igual que muchas ONG.
Cabe destacar que en febrero parte de la dirigencia del Cosep integró el grupo de presos políticos desterrados a EEUU.
Entre los siete miembros que fueron excarcelados y expatriados figuran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían la entidad cuando fueron arrestados.
2021
En octubre de 2021, la policía del régimen detuvo en Managua a Michael Healy, titular del Cosep, por cargos de lavado y traición a la patria, cuando asistió a una citación de la Fiscalía, que actúa controlada por el Ejecutivo.
Antes de ingresar a la audiencia, el empresario declaró que no temía perder su libertad y, ante la prensa, aseguró que no hizo nada malo.
Sin embargo, fue retenido mientras allanaban su casa. Menos de dos horas después, su segundo en la Cosep, Vargas, corrió la misma suerte.
Hasta 2018, el sector empresarial fue aliado de Ortega bajo el modelo llamado de “diálogo y consenso”. Sin embargo, luego lo acusó de financiar un supuesto intento de golpe de Estado.
Después de las protestas ciudadanas reprimidas con violencia por policías y fuerzas paraestatales, el Cosep pasó a tener una postura crítica con el Gobierno.
Healy fue el segundo presidente del Cosep arrestado en menos de seis meses. Antes había perdido su libertad José Adán Aguerri, el 9 de junio de 2022, cuando el régimen comenzó a detener a opositores -entre ellos, varios precandidatos presidenciales- con base en distintas imputaciones.
Aguerri renunció a la presidencia de la entidad en septiembre de 2020 y se involucró con la Alianza Cívica, un grupo opositor surgido a raíz de las protestas de abril, y se dedicó, entre otras misiones, a negociar la liberación de los presos políticos.
Healy fue elegido nuevo titular del Cosep y encabezó las gestiones con un gobierno ya radicalizado que lo llevó a la cárcel.
Argentina
En ese entonces, Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiendo la libertad de presos políticos en Nicaragua.
Ante ello, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), definió lo sucedido como “lamentable”.
“Es lamentable que Argentina no haya apoyado una resolución de la OEA contra la represión en Nicaragua”, escribió en su cuenta oficial en Twitter el abogado chileno.
“Durante su historia democrática, Argentina normalmente ha tenido una posición clara de defensa a los DDHH. La política exterior zigzagueante del actual gobierno es preocupante”, expresó también.
El dictamen de la OEA se resolvió con 26 votos a favor. A diferencia de sus socios de Mercosur, Argentina optó por unirse al listado que componen Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. El único ausente fue Nicaragua.
Minera
Junto al Cosep fueron disueltas otras 18 cámaras empresariales, como Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), creada en octubre de 1995, a la que pertenecen las empresas que extraen y venden oro, el principal producto de exportación.
En su último comunicado, el pasado 13 de febrero, el Cosep le agradeció al régimen la excarcelación de 222 prisioneros nicaragüenses, incluidos los siete que pertenecen a ella, y consideró que se trató de “un paso grande para iniciar la unidad”.
Gobernación
Según el ministro de Gobernación, las cámaras, que estaban inscritas como ONG, no completaron el proceso de convalidación de registro o presentaron inconsistencias en la información.
Citó variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes y que no reportaron detalle de ingresos y gastos.
También expuso que no reportaron estados financieros del período fiscal 2022.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde principios de 2018, que se agravó luego de las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato (cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa como vicepresidenta) con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
La semana pasada, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en el país desde 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con balas de alto calibre por la policía y grupos paramilitares, en conjunto con siete instituciones estatales.
El informe fue presentado en Ginebra, Suiza, y establece que hay prueba suficiente para activar aplicación del derecho penal.
Según reportó en medio español El País, a diferencia del documento que elaboró el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sugiere la comisión de delitos de lesa humanidad, el de la ONU habla de hechos acreditados, señala al Estado y atribuye responsabilidades específicas, que van desde la pareja presidencial a los mandos intermedios que dieron las órdenes que causaron más de 355 muertos entre abril y septiembre de 2018.
La investigación de la ONU halló “motivos razonables” para establecer que los abusos gubernamentales se perpetraron “de manera generalizada y sistemática por motivos políticos”.
El presidente del GHREN, el alemán Jan-Michael Simon, comparó la situación de Nicaragua con los hechos que marcaron la década de 1930 en Europa. “Todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Nuremberg”, aseguró.
El GHREN aplicó el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. A pesar de que es inferior al que se requiere para determinar responsabilidades en un proceso penal, es “suficiente para justificar la realización de ulteriores investigaciones”, según consignó.
También estimó que es necesario buscar el ejercicio de jurisdicción universal; es decir, que cualquier país pueda empezar una acción penal contra el Estado nicaragüense.
