Multan a banco por no responder oficio ni justificar un incumplimiento

La cámara consideró que no fueron válidas las razones para anular la sanción en contra de la entidad y penalizó que no acatara lo ordenado por el tribunal

Después de recordar que las astreintes se imponen por razones de seguridad jurídica y por la necesidad de compeler al cumplimiento de un mandato judicial y no entorpecer el servicio de justicia , la Cámara 1ª Civil y Comercial revocó el fallo de primera instancia que anuló la condena impuesta al Banco Galicia SA .

Éste pretendió justificar su demora en responder un oficio de embargo con el argumento de que el embargado no tenía cuenta en el banco, y el a quo le impuso, en reemplazo de aquéllas, una multa por cada día de demora en contestar la manda judicial.

Frente al incumplimiento del banco, el accionante solicitó astreintes con base en el artículo 804 del Código Civil y Comercial (CCyC).

Pese a ello, el Galicia dejó vencer el plazo para responder al requerimiento, lo que motivó un segundo emplazamiento para que cumpliera la manda o justificara un nuevo incumplimiento, otra vez bajo apercibimiento de aplicar astreintes desde la recepción del oficio.

Sin trascendencia

La cámara integrada por los vocales, Guillermo Tinti y Leonardo González Zamar consideró que para resolver no era trascendente que el banco hubiese respondido que en su cartera no tenía una cuenta la cual embargar, puesto que ello, aunque tiene relevancia para el trámite de la medida cautelar, ninguna relación tiene con la justificación por su tardanza en responder, que es, en definitiva, lo que se sanciona con las astreintes.

Así, determinó que en el caso se advertía claramente incumplimiento de la entidad financiera, al no trabar el embargo respectivo ni contestar ninguno de los pedidos enviados para el acatamiento de la medida.

En esa línea, reseñó que tanto al recibir los oficios electrónicos como al serle corrida la vista, el Galicia no compareció a juicio para aclarar lo sucedido o dar explicaciones para justificar su incumplimiento, y que se presentó sólo después de ser cuantificada la sanción dispuesta; y concluyó que esa actitud justificaba la aplicación de las astreintes, a los fines de evitar conductas remisas a responder los requerimientos del Poder Judicial, con lo cual se resguardabao “el correcto servicio de justicia y el imperio del que deben gozar los magistrados como eje y sostén de la función judicial”.

Cuantificación

El tribunal indicó que el monto determinado por el a quo por cada día de demora -$2.381- no estaba controvertido en la etapa de apelación y escapaba de la materia de agravio, entendiendo que de las constancias de la causa -y sabiendo que por las reglas de su cuantificación también dependen de un prudente arbitrio judicial- la suma debía resultar de calcular la cantidad de días hábiles de desobediencia multiplicada por el monto dispuesto por el a quo: 52 días hábiles.