ESCUCHARLos vecinos que integran la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida se presentaron ayer en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para entregar el dictamen de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) en el que aseguran que la multinacional Monsanto ya no puede volver a presentar su estudio de impacto ambiental, en virtud de la vigencia de la nueva Ley de Política Ambiental de Córdoba, que prohíbe realizar dos veces esa misma gestión.
Los abogados interpretan que a partir de la aprobación en la Legislatura de la ley N° 10208 de “Política Ambiental Provincial” (publicada en el Boletín Oficial el 27 de junio), la empresa perdió la posibilidad de instalarse en esa localidad “toda vez que en su artículo 20 estableció un nuevo requisito para que los proyectos puedan someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a saber: no tener un rechazo o desestimación por parte de la Autoridad de Aplicación con anterioridad”.
Explica Gastón Mazzalay, vecino de la localidad: “El dictamen hace uso de la nueva ley de ambiente, específicamente de un artículo que dice que no se pueden presentar estudios de impacto ambiental que hayan sido rechazados anteriormente”.
La norma señala que un principio general de la ley es que nunca es retroactiva. Sin embargo, tal sería el caso si Monsanto hubiera presentado los dos estudios de impacto ambiental antes de la aprobación de la ley de Ambiente. En este caso, como Monsanto todavía pretende presentar un nuevo análisis de impacto ambiental -ya aprobada la nueva normativa- la ley tendría un efecto de aplicación inmediata en la situación.
Por otro lado, la Asamblea recuerda que ella siempre ha bregado porque se realice una consulta popular para decidir la instalación, siempre y cuando se haya superado la fase técnica. “Luego de que se aprueba la parte técnica, se realiza la consulta popular. Sin embargo la Autoridad de Aplicación no aprobó el dictamen técnico”, recordó Mazzalay.
Los manifestantes que se oponen a la instalación de la multinacional aseguran además que, según la ley 9841 de Regulación de usos del suelo en la región metropolitana de Córdoba (2010), la empresa está emplazada en un territorio categorizado como “área de actividad agropecuaria no contaminante”, donde no se pueden realizar actividades industriales.
Respecto a este tema, el intendente municipal Daniel Arzani manifestó que la comuna es el órgano de aplicación y que entienden que la empresa se dedica a la producción agrícola por lo que encuadra perfectamente en la zona donde se puede radicar.
