Menéndez admitió ser quien decidía sobre la libertad de los detenidos

Dijo que dejó preso a un empresario durante toda su gestión porque quiso sobornarlo a cambio de dejarlo en libertad. Desmintió a dos testigos y dijo ser víctima de una campaña de desprestigio.

“Nuevamente he sido objeto de una injuria y una calumnia. La semana pasada, Antonio Canizo dijo que yo pretendía que Lockman me diera dinero a cambio de su libertad. No iba a contestar nada hasta que me detuve en una reflexión: en los primeros dos meses de audiencia ningún testigo nombró a Lockman, y para los primeros 60 testigos Lockman nunca estuvo en la cárcel. Pero desde hace un par de semanas Lockman es nombrado permanentemente, siempre por cierto como un honrado comerciante objeto de extorsión. Como este cambio de actitud tiene todas las características de un plan sistemático de desprestigio para conmigo y el Ejército, voy a desmentir esos dichos».

Con esas palabras, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, abrió una nueva audiencia del juicio que se sigue contra él y otros 30 represores acusados por delitos de lesa humanidad y de haber intentado apropiarse de la fortuna del empresario del ramo automotor detenido, Jaime Lockman.

“Lockman no era el único comerciante rico de Córdoba y ni a él ni a ningún otro se lo hizo víctima de una extorsión”, señaló Menéndez quien, por el contrario, dijo haber sido él víctima de un intento de soborno.
En ese sentido, el represor recordó un episodio en el que un «compañero de promoción, al que no nombro por encontrarse fallecido”, le pide una entrevista y le dice que «viene a pedido del señor Lockman, quien ofrece ayuda económica para el Ejército a cambio de su libertad”.

“Di de inmediato por terminada la entrevista, aclarándole a mi compañero que Lockman, con ese torpe e insolente intento de soborno, había alejado por completo su salida en libertad mientras yo fuera comandante. Efectivamente, Lockman salió de la cárcel después de que yo pasé a retiro», concluyó Menéndez.

Más testigos
Tras la declaración de Menéndez, el Tribunal Oral Federal Nº1 escuchó el testimonio de dos coroneles retirados del Ejército. El primero fue Gerardo Juan Pasennheim, quien prestó servicios en 1976 en el Batallón de Comunicaciones 141, con asiento en la capital cordobesa. En su declaración, en la que no aportó mayores datos por no recordarlos, precisó que sus tareas eran las de realizar «patrullajes o controles de ruta», y señaló que sólo hizo el traslado de un detenido de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) a la unidad de detención militar en el barrio de San Vicente, donde funcionó el centro clandestino de detención Campo de La Ribera. Dijo que no recordaba su identidad y que  estaba esposado pero no iba encapuchado.

En el mismo sentido, el coronel   -retirado-Eduardo César Marión relató que estuvo a cargo del traslado de una sola persona que -dijo- tampoco fue encapuchada ni amordazada.

El último testigo fue Carlos Miguel Moukarzel, hermano de José René, asesinado por estaqueamiento en la UP1 el 14 de julio de 1976. Moukarzel fue el encargado de buscar el cuerpo de su hermano en la morgue, el cual, según relató, se encontraba en muy mal estado.

“Cuando entré a la morgue vi el panorama, que no era nada halagador: había entre 30 y 40 cuerpos amontonados, en un estado desastroso», subrayó.

Denuncia
Empresarios sin tierra

Los empresarios Carlos y Rodolfo Iaccarino, oriundos de La Plata, presentaron ayer una denuncia ante el Juzgado Federal Nº 3 por el desapoderamiento de 28 hectáreas del Alta Gracia Golf Club por parte de militares durante la última dictadura militar.

Estos empresarios ganaderos –propietarios de grandes extensiones de campos en Santiago del Estero y de un avión– aseguran que fueron “despojados” de sus bienes luego de ser detenidos en 1976 por grupos de tareas.
En la presentación reclamaron que se les restituyan las tierras presuntamente desapoderadas.

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