La Oficina de Captación de Comunicaciones, que actualmente depende de la Corte Suprema, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación que ampliará sus facultades y le permitirá concentrar mayor información estatal.
Según lo acordado, la repartición que lleva a cabo las “pinchaduras” legales de teléfonos podrá acceder a información de la Inspección General de Justicia (IGJ), del Registro de Propiedad Inmueble y del Automotor, así como a bases de datos personales.
También se firmaron acuerdos similares con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
El director ejecutivo de la Oficina de Captación de Comunicaciones, Juan Tomás Rodríguez Ponte, declaró que “con más bases de datos” se podrá “ayudar a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos”.
Asimismo, precisó que al centralizarse tanta información, los magistrados podrán remitirse a una sola oficina del Poder Judicial en lugar de tener que librar oficios a varias dependencias, lo que agilizaría los procesos.
“La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información”, señaló en referencia al acuerdo de cooperación firmado por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el ministro Germán Garavano.
Protocolo
Como parte de la iniciativa, se confeccionará un protocolo con el fin de que los jueces cuenten con mejores herramientas para investigar ilícitos económicos y para recuperar para el Estado bienes de origen delictivo. Ese documento será evaluado por un comité de expertos integrado por los jueces federales Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé y el camarista de Casación Mariano Borinsky.
Acordada
La Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación fue creada mediante acordada de la Corte, en febrero de 2016, tras la transferencia del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom), dependiente de la Procuración General a la órbita del Máximo Tribunal, dispuesta por el decreto 256/2015 del Poder Ejecutivo.
Según la acordada, la Dirección de Captación de Comunicaciones es el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
El organismo tiene autonomía de gestión respecto de la Corte y está a cargo de un juez penal con rango de camarista.
Las escuchas que realiza son legales. Los magistrados que las ordenan pueden también decidir quiénes serán los encargados de desgrabarlas.
La oficina tiene más de 100 empleados que escuchan en forma simultánea y en directo unas cuatro mil comunicaciones diarias.
Hace poco más de dos meses, la dirección quedó en el centro del debate tras la difusión de los diálogos entre el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y ex funcionarios del anterior gobierno, incluida la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
