La Cámara 2ª del Crimen resolverá hoy cuándo cita a declarar al exintendente de Córdoba. Esta semana se prevé la declaración de un testigo clave que intervino en las negociaciones.
La Cámara 2ª del Crimen de la ciudad de Córdoba resolverá hoy la fecha cuando citará a declarar al exintendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, principal impulsor de la causa “Radioaviso”, por la cual llegó a juicio oral el exjefe comunal Germán Kammerath.
Según acordaron las partes, la comparecencia deberá circunscribirse al expediente de la contratación de la firma Radioaviso. La idea del tribunal es que la audiencia judicial no derive en una disputa política entre Juez y Kammerath, que no aporte datos al esclarecimiento de la verdad. Cabe recordar que el actual senador nacional presentó un escrito por el cual se ofreció como testigo.
Además de decidir la fecha en la que citarán a Juez, la Cámara deberá resolver cuándo toma declaración a un testigo considerado clave en la causa. Se trata de Eusebio Laso, quien por no estár en condiciones de trasladarse, el tribunal resolvió tomarle el testimonio en su domicilio. Laso fue uno de los impulsores de la denuncia contra Kammerath. A partir de su testimonio comenzó la investigación que derivó, 11 años después, en su juzgamiento por negociaciones incompatibles con la función pública.
En la “recta final”
La ronda de testimonios ingresa a la “recta final”. De no mediar inconvenientes, en 10 días podrá comenzar la ronda de alegatos.
Además del exintendente, está siendo juzgado el cuñado de Kammerath, Alejandro Rodríguez de la Puente, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa, y el empresario Guillermo Shor Landman, exdirectivo de la compañía francesa Thales Spectrum, prestataria del servicio de seguimiento de la flota de vehículos del municipio.
La denuncia contra Kammerath, que conoció a la empresa francesa cuando ocupaba la Secretaría de Comunicaciones en el gobierno de Carlos Menem, había sido promovida por la gestión del intendente Luis Juez, quien lo acusó de favorecer a personas de su entorno en el proceso de licitación, que se realizó en 1998.
El delito de negociación incompatible con la función pública prevé una pena de tres a seis años de prisión.
