Fue condenado a 17 años de cárcel por abusar de uno de ellos. Nunca aportó para el cuidado de los niños. El embargo fue fijado hasta que éstos cumplan 25 años
La Justicia de Misiones resolvió hacer lugar a una acción por alimentos y fijó una cuota definitiva. la totalidad de los haberes previsionales que percibe el demandado, debiendo embargarse el 100% del beneficio.
La resolución fue dictada por el juez de Oberá, José Gabriel Moreira, en el marco de una demanda iniciada por una mujer en representación de sus hijos menores, en la que reclamaba 80% de los ingresos del accionado como pensionado, a quien acusaba de no haber aportado nunca para el cuidado de los niños. El hombre, además, fue privado de su libertad en 2019, condenado por atentar contra la integridad sexual de su hija.
Al resolver, el magistrado evaluó que los hijos tienen en la actualidad 11, 13 y 18 años, que el progenitor tiene una condena penal de 17 años por abuso y que, si bien se fijó provisoriamente un embargo de 30%, “dicha cuota provisoria no se condice con la realidad que deben padecer los hijos a partir de las acciones de su progenitor, quien además mucho antes del abuso no colaboraba con las necesidades de la familia”.
En ese marco, el juez entendió que debía “embargarse la totalidad de los haberes del demandado como cuota definitiva a favor de sus hijos y hasta que los tres cumplan los 25 años.”.
Agregó que consideraba razonable que quien atentó contra la integridad de sus propios hijos “aporte todos sus haberes para satisfacer las necesidades de aquéllos, teniendo presente en este particular caso que mientras se halle privado de libertad también se halla privado de poder disponer de sus bienes, entre ellos su pensión por incapacidad”.
Destacó que el motivo de extender el embargo hasta la edad de 25 años era dar la oportunidad a los hijos de estudiar y formarse, aunque aún no haya certezas de que así lo deseen.
Además, Moreira subrayó que la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos prevé la posibilidad de que se obtengan resarcimientos por los daños sufridos y les permite participar procesalmente pero, al margen de ello, existe una necesidad alimentaria diaria que pesaría sobre la progenitora en su totalidad por estar el progenitor detenido.
Asimismo, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad permite también que el progenitor trabaje y con su retribución contribuya, entre otras cosas, a los alimentos, pero al ser una mera posibilidad, era necesario fijar una cuota actual para dar garantías a los hijos.
