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Lavado y administración fraudulenta: pidieron hasta 9 años de prisión para sindicalistas

PRINCIPAL ENCAUSADO. Marcelo Balcedo está preso en Uruguay.
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En La Plata, el fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante los Tribunales Orales Federales, Hernán Schapiro, y la auxiliar Sara Cachione, solicitaron 9 años de prisión para Myriam Chávez y para Mauricio Yebra, en el marco del juicio donde se los acusó como responsables de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME).

Cabe recordar que Marcelo Balcedo -ex titular del SOEME e hijo de Chávez– está cumpliendo una condena en Uruguay que se agota en octubre.

En 2018 se requirió su extradición y la de su esposa, Paola Fiege, para que puedan ser investigados y juzgados en la causa local.

La acusación de la Fiscalía comprendió a otros siete procesados y a cuatro personas jurídicas -Edigráfica SA, Wifialte-Com SA, Mundo Total Comunicaciones SRL y El Chaqueñito SA- por el desvío de más de 500 millones de pesos entre 2012 y 2018 y por maniobras de lavado.

Con respecto a las sociedades, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) reclamaron una multa de seis veces el valor de las operaciones y que se evalúe la cancelación de su personería jurídica.

En su alegato, consideraron como agravantes la naturaleza del hecho, la extensión del daño y los medios comisivos.

Sostuvieron que adquirió especial relevancia la cuantiosa afectación al patrimonio del SOEME y, en consecuencia, el perjuicio para los miles de afiliados que el sindicato agrupaba.

En esa línea, destacaron que las maniobras que desplegaron los encartados revelaron “un alto grado de sofisticación, complejidad y diversificación de medios” para concretar el plan criminal.

Además, Schapiro precisó que, para la graduación de las penas, ponderó los seis años ininterrumpidos en los que se extendió la asociación ilícita y en los que se cometieron los delitos.

En tanto, en concepto de reparación, Schapiro y su colega entendieron que se debe distribuir en forma solidaria entre los responsables de la administración fraudulenta del SOEME la suma de 2.515.707.600 pesos (al 15 de mayo del 2024).

En línea con los artículos 23 y 29 del Código Penal, sostuvieron que aquella suma y la de los bienes a decomisar debe ser destinada, en forma prioritaria, a la restitución a los afiliados al SOEME.

Decomiso
La Fiscalía pidió el decomiso de diversos elementos por ser instrumento o producto de los delitos.

Entre los bienes incautados en la causa hay varios inmuebles (uno en Cariló, provincia de Buenos Aires; otro en Bariloche, provincia de Río Negro y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y 20 lotes correspondientes a un emprendimiento en la localidad bonaerense de Salidillo.

También se decomisaron cuatro embarcaciones y más de 45 autos y camionetas de alta gama de marcas como BMW, Mini Cooper, Porsche, Hummer, Mercedes Benz y Toyota, entre otras.

Terceros
Respecto a los bienes que están a nombre de terceros, a quienes fueron vendidos, se solicitó que se forme un incidente por cada uno, para correr vista a sus actuales titulares registrales a fin de que se expidan. “De ningún modo implica a esta altura del proceso un juicio de responsabilidad penal sobre los terceros adquirentes, sino garantizar su derecho a ser oídos en el proceso en función del derecho de propiedad que actualmente detentan”, aclaró el MPF.

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