El organismo recomienda a los Estados que hagan estadísticas confiables e insta a los poderes judiciales a investigar de “manera pronta y sin demoras indebidas”.
Las sociedades en el continente americano están dominadas por principios de heteronormatividad, cisnormatividad y los binarios de sexo y género. En contrapartida, existe una amplia y generalizada intolerancia e irrespeto hacia las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales, que derivan en casos de profunda discriminación y violencia. Las conclusiones corresponden al último trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En él ésta concluye que el contexto generalizado de discriminación social respecto de esta diversidad, aunado a la ausencia de investigaciones efectivas, y la falta de un abordaje diferenciado para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes cometidos contra personas LGBTI, son elementos que conducen a que “se tolere esta violencia, lo que resulta en impunidad y repetición”.
Si bien el organismo -en su extenso trabajo de más de 300 páginas- reconoce ciertas medidas positivas adoptadas por los países en la región, advierte de que “la impunidad en relación con las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y otros actos graves de violencia contra las personas LGBTI es generalizada”.
La Comisión subraya, además, que “hay incluso países en los que la violencia está alimentada por la legislación, por ejemplo, las leyes que criminalizan las relaciones sexuales en privado entre personas adultas del mismo sexo, leyes contra la vagancia, leyes que protegen la moral pública y protocolos médicos sancionados por el Estado que permiten la violencia médica contra las personas intersex”.
Explica el informe: “Las personas LGBT son mucho más propensas a permanecer en relaciones abusivas sin buscar protección policial, ya que sienten que no pueden denunciar los actos de violencia que ocurren en su relación, porque la relación en sí misma se considera criminal”. Y va más allá: “Incluso en los países en los que se ha despenalizado la intimidad entre personas del mismo sexo, estos obstáculos persisten en el tiempo”.
El peso sobre los niños
En otro tramo del trabajo, la CIDH alertó sobre la situación de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes sometidos al sistema de justicia juvenil por haber tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.
“En algunos Estados los niños son objeto de brutalidad policial y de violencia por parte de los guardias de los centros de detención, en razón de su orientación sexual e identidad de género. Estas situaciones implican una violación de derechos humanos más severa debido a los efectos psicológicos particularmente perjudiciales en los jóvenes cuya identidad y orientación aún se encuentra en proceso de maduración y que como resultado de esto, son extremadamente vulnerables”, puntualiza el estudio.
Qué hacer
La situación se agrava por la falta generalizada de generación de datos oficiales por parte del Estado. “Como consecuencia, esta violencia se vuelve invisible, lo que a su vez incentiva más violencia contra personas LGBT”, explica el organismo de Derechos Humanos.
La CIDH observa que las estadísticas disponibles en la región no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrentan las personas LGBTI en el continente americano.
Así, con base en los hallazgos de este informe, la Comisión insta a los Estados a garantizar que los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas motivadas por su orientación sexual e identidad de género sean investigadas, y que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
Para ello, recomienda a los Estados que hagan esfuerzos y asignen recursos suficientes para recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales. A su vez, se insta a que la investigación de los asesinatos y otros actos de violencia contra las personas LGBTI se inicie de manera pronta y sin demoras indebidas, y constituya un esfuerzo del Estado por adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar la verdad.
En ese sentido, se recomienda fortalecer los servicios públicos de asistencia jurídica -incluyendo asesoría, asistencia y representación jurídicas- y garantizar que las personas LGBTI que sean víctimas de crímenes puedan tener un acceso efectivo a la justicia. Esto incluye la adopción de medidas para garantizar que las víctimas de discriminación y violencia conozcan cuáles son los recursos.
Como otra medida, se propone la creación de unidades especializadas en las fiscalías o designar fiscales especializados para investigar y presentar acusación en casos de crímenes cometidos contra las personas LGBTI.
Finalmente, en otro de los puntos a destacar, la CIDH menciona como necesario que se garantice que las investigaciones no estén permeadas por prejuicios basados en la orientación sexual y/o identidad de género real o percibida de la víctima o del perpetrador, e implementar las modificaciones necesarias a la legislación y a las políticas públicas con miras a señalar expresamente que la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las víctimas no pueden ser utilizadas como justificaciones que permitan eximir de responsabilidad parcial o total de los delitos cometidos en su contra.
Se reclama también que las investigaciones no se limiten a procedimientos disciplinarios sino que deben iniciarse procedimientos penales en todos los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía y otros agentes de seguridad del Estado.
