ESCUCHARAbel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, admitió que hay problemas para armonizar las investigaciones entre ambos fueros y dijo que se sigue esperando reunirse con el fiscal General de Córdoba para resolver “cuestiones prácticas”.
Abel Sánchez Torres es camarista desde hace más de diez años. Hoy preside la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y, además, es el titular de la Junta Electoral que coordinará los próximos comicios presidenciales. En su despacho, en el 12º piso de los Tribunales Federales de Córdoba, Sánchez Torres recibió a Comercio y Justicia en una extensa entrevista en la que no ahorró opiniones ni críticas.
– ¿Qué análisis hace de la reciente resolución judicial que declaró la nulidad de las elecciones de Tucumán?¿Recuerda algún antecedente de este tipo?
– No conozco ningún antecedente. Si bien no leí los fundamentos por los cuales se ha tomado esta decisión, indudablemente es de mucha gravedad. Yo considero que el organismo que debe dar la validez o invalidez del acto electoral es la Junta Electoral. Me sorprende que una cámara haya adoptado esta decisión, cuando la Junta Electoral es el organismo específicamente creado para la dirección de un proceso electoral y oportunamente no invalidó la elección.
-En este contexto que se está viviendo ¿cómo se prepara la Junta Electoral que preside para los comicios de octubre?
– Ya hemos tenido varias reuniones y hemos convocado a las autoridades partidarias para saber qué problemas tienen, cuáles son las soluciones que proponen y qué podemos hacer nosotros. Entre los temas han planteado la cuestión de la sustracción de boletas. Para resolver esta situación ya hemos dispuesto que se duplique la cantidad de boletas: los presidentes de mesa van a tener el doble de boletas que las que tuvieron para las Paso y, además, el delegado electoral de cada escuela tendrá el doble de boletas en un bolso denominado de contingencia.
– Hay quienes sostienen que el voto electrónico podría resolver los escrutinios lentos y las sospechas de fraude. ¿Qué cree usted?
-Yo estuve leyendo una resolución de un tribunal alemán que resolvió dejar el voto electrónico por falta de transparencia. En nuestro país tenemos realidades muy diversas y en el interior uno piensa que hay lugares donde su instrumentación sería más complicada. Por otro lado, no hay que perder de vista que también ha habido reclamos de falta de transparencia en lugares donde se aplicó el voto electrónico. Lo que sí considero positivo es que comience a pensarse en el uso de la Boleta Única, puede significar una simpleza para el escrutinio y termina con esta actitud del robo de votos que demoran y complican las elecciones.
– ¿Cómo se está trabajando la justicia federal tras la desfederalización del consumo de drogas?
– Habrá que ver qué resultado da esto, yo todavía no tengo elementos objetivos para analizar la bondad de esta provincialización del narcomenudeo. Pero la tarea pendiente es lograr que coordinen la justicia federal y provincial para armonizar las investigaciones.
– ¿Esto no está ocurriendo aún?
– Eso hay que encararlo. Yo no he visto que se haya podido encarar en los términos que yo entiendo debe hacerse. Por hacer un procedimiento de narcomenudeo muchas veces se perjudica una investigación mas profunda. Yo a un kiosquito lo puedo cerrar pero si agarro a un proveedor caen 50 kiosquitos. Nosotros hemos recibido a las autoridades de la Policía Federal, quienes nos han planteado algunos inconvenientes con los procedimientos que vienen de la Provincia; es decir, más temprano o más tarde nos tendremos que juntar para ver cómo se coordina este tema. Esto implica que las autoridades provinciales y federales se reúnan para hacer los acuerdos del caso.
– ¿Y por qué aún no se han reunido teniendo en cuenta que esto es una cuestión central?
– La Cámara Federal ha invitado a las autoridades provinciales para debatir sobre el tema y podemos seguir intentándolo. Quizás se han tomado un tiempo para ver los problemas que tenemos. Oportunamente, convocamos al ministro de Gobierno, quien no pudo asistir, y -después- al fiscal General, quien por algunos problemas funcionales tampoco pudo asistir. De lo que no hay dudas es de la urgencia en resolver las cuestiones prácticas para que sea operativo esto, para que las investigaciones no se superpongan.
– ¿Cómo está enfrentando la Cámara la cuestión de los juicios previsionales?
– La Cámara Federal tiene alrededor de 7.000 juicios previsionales. Hemos sacado alrededor de 1.100 sentencias y nos quedan unas 3.000. La situación reviste su importancia habida cuenta de que se pronostica un incremento en la cantidad de causas que vendrían; se estima que serían unas 3.000 más de Buenos Aires más las que estamos recibiendo de primera instancia. Hay que estar alerta, de alguna manera es preocupante. Nosotros creamos una oficina especial y estamos tratando de firmar un convenio con la Anses para tener acceso a los expedientes que ellos tienen digitalizado.
-¿Cuál es la mora que tienen?
-Estamos sacando alrededor de 50 y 60 sentencias por semana. Hay causas que son muy antiguas, por lo que estamos estableciendo un sistema para ver la edad de los jubilados; es de una profunda injusticia que el jubilado no cobre y lo terminen haciendo sus familiares.
-¿Fue una buena decisión de la Corte derivar todos estos expedientes a las cámaras del interior del país?
– Esta Cámara Previsional que se creó que Buenos Aires fue pensada para concentrar todos estos juicios y se especializaron en la materia, para nosotros es un tema nuevo que nos obliga a estudiarlo pero es ampliamente positivo porque acerca la justicia a los jubilados que antes debían buscarse un estudio jurídico en Buenos Aires. Desde este punto de vista, creo que aunque es una recarga de trabajo para la Cámara es importante para la sociedad que la gente sepa dónde está su expediente.
– Un colega suyo está siendo investigado por su desempeño en la última dictadura militar. ¿Qué evaluación hace del rol que le cupo a la justicia por aquellos años?
– Sobre el caso particular que menciona no voy a opinar. Lo que puedo decir es que la Justicia tiene que investigar no sólo a los militares sino a los cómplices civiles e incluso a aquellos eclesiásticos. De cualquier manera, lo que no se puede es generalizar porque las generalizaciones son muy injustas.
– Desde diciembre la Corte quedará integrada con tres miembros, ¿qué opina sobre esta situación?¿Cuál sería la integración que a su criterio sería la más adecuada?
– La Corte ha pasado por diferentes estadios; tuvimos una Corte de nueve miembros de siete, de cinco. Yo creo que la Corte ideal debería estar integrada por siete miembros, dividida en salas con diferentes competencias. Una composición de ese tipo podría otorgar mayor celeridad a la tramitación de las causas.
