La reforma del Ministerio Público Fiscal suma rechazos: diversas entidades se expresaron

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Club Político Argentino y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires difundieron sus puntos de vista sobre el tema. El sector empresarial hizo lo propio. En tanto, Juntos por el Cambio informó que acordó impulsar el pliego del juez Rafecas, quien adelantó que desistirá de la postulación si la reforma prospera

El oficialismo en Diputados logró dictamen de mayoría para el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF). [privado]

Lo hizo en el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales con 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo).

Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales, mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.

En la previa del plenario del martes, los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio volvieron a rechazar la iniciativa del oficialismo y reiteraron que su tratamiento no es urgente porque “no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos”.

En tanto, el juez federal Daniel Rafecas ratificó que si el Frente de Todos (FdT) avanza con su propuesta y, con ello, se reduce la mayoría calificada para el nombramiento del procurador, desistirá de la postulación que hizo el presidente Alberto Fernández ante la Cámara Alta, en diciembre de 2020.

El magistrado afirmó que esa reducción a la mitad de su proceso de designación le plantea un “límite ético insuperable”.

Mensaje

En un mensaje que difundió en su cuenta de Instagram, reseñó que a comienzos de marzo de 2020, con 650 apoyos, su pliego llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado. “En este año y dos meses transcurridos, ha avanzado un proyecto de ley tendiente a reformar el MPF. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el procurador tenga el consenso político suficiente”, expuso.

Ahora, con el dictamen firmado, se suman las instituciones que cuestionan la reforma.

En el ámbito jurídico, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Club Político Argentino y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitieron sus puntos de vista sobre el tema.

La FACA advirtió de que la reforma de las leyes 27148 y 27149 “vulnera gravemente la independencia y autonomía funcional” del MPF y expuso que “el avance de la política” sobre el organismo “puede generar su conversión en una espada” del gobierno de turno para “perseguir a opositores” o “en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”.

“Resulta imprescindible atender especialmente a los regímenes de designación como de destitución del jefe máximo de los fiscales, a fin de evitar su manipulación nombrando con facilidad al adicto al régimen y echando con la misma facilidad al rebelde”, enfatizó.

Además, señaló que las amplias facultades que se depositan en la figura del procurador imponen que su designación “sea producto de un amplio consenso entre los diferentes sectores políticos”.

Por su parte, el Club Político Argentino expuso que la modificación normativa “busca subordinar al procurador General y a los fiscales federales y nacionales”.

“La esencia del proyecto es facilitar al oficialismo la designación y remoción del procurador, permitiendo que la actual mayoría senatorial (y las futuras también) controle un órgano que la reforma constitucional de 1994 definió como independiente y con autonomía funcional y autarquía financiera”, subrayó.

En un comunicado, el club definió la iniciativa como “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales” consagrados en la Constitución Nacional.

“El mundo enfrenta hace varios años años una ola de retroceso democrático. Está caracterizada no por repentinos golpes o autogolpes sino por oficialismos elegidos democráticamente que gradual pero persistentemente erosionan ‘desde adentro’ las instituciones más básicas de la vida republicana y democrática: la libertad de expresión, la división de poderes y la independencia judicial. Llamamos a los diputados a que impidan que la Argentina avance en esa dirección”, reza el pronunciamiento.

Plural

En tanto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires recordó que el objetivo central de la última reforma constitucional fue “independizar el funcionamiento del MPF de los poderes políticos” y del propio Poder Judicial.

“En vez de buscar una participación más plural en la designación del procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designarlo o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afecten intereses partidarios”, resaltó, estimando que ello “pondría indudablemente en riesgo” la independencia del organismo que encabeza.

La Asociación Argentina de Fiscales, presidida por Marcelo Varona Quintián, advirtió de que la reforma que se intenta es inconstitucional y estimó que “el problema fundamental” es la designación del procurador, quien, además, podrá ser removido “con una simple mayoría, con una parcialidad partidaria, política”.

En esa inteligencia, aseguró que si la ley sale es posible que haya “múltiples acciones por inconstitucionalidad” y estimó que los jueces las van a admitir.

Por otro lado, Juntos por el Cambio informó que considera pedir la apertura del proceso y el tratamiento del pliego del candidato propuesto por Fernández, Rafecas, y “garantizar y prestar acuerdo” para su designación.

“Pedimos el retiro del proyecto en tratamiento en la Cámara de Diputados ya que no reúne el amplio consenso que estas leyes necesitan, y no responde a las urgentes y verdaderas necesidades de los argentinos”, detalló en un comunicado.

Organizaciones

-Cuatro organizaciones empresariales manifestaron su rechazo al proyecto oficial de reforma del MPF que impulsa el oficialismo y que, entre otras modificaciones, cambia la mayoría necesaria para designar al procurador General de la Nación.

-El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) enviaron comunicados cuestionando el plan del FdT, que durante la madrugada del miércoles obtuvo dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de Diputados.

-El FCE, que nuclea, entre otras entidades, a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Sociedad Rural (SRA) y a la Asociación de Bancos (ABA), sostuvo: “El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”.

-El foro, que reúne alrededor de 60 cámaras empresariales y 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), apuntó a "severas deficiencias" en la iniciativa del Gobierno y consideró que su tratamiento es “inoportuno” porque “genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad”.

-En tanto, la AmCham declaró: "Pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del procurador y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del MPF”.

-En esa línea, estimó que mantener la actual mayoría extraordinaria “garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre los miembros del Congreso”, y pidió que la propuesta se rechace. Además, afirmó que velar por la división de poderes también es responsabilidad del sector empresarial.

-“Ante el acuciante desafío de disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y no caer en un abismo sanitario, social y económico, nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el Congreso el tratamiento de proyectos de ley que no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad sino que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica”, manifestó.

-La Cámara de Comercio de Estados Unidos añadió que la reactivación económica del país “dependerá en gran medida” de la solidez e independencia de las instituciones; particularmente, del Poder Judicial.

-“La vigencia del Estado de derecho constituye un factor crítico para el clima de negocios: la iniciativa privada precisa de un ambiente abierto, transparente y democrático para su desenvolvimiento”, completó.

-Por su parte, la ACDE señaló: "Los empresarios cristianos consideramos que una Justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias".

-Bajo esa premisa, expuso: “Los hombres y mujeres de empresa agrupados en ACDE creemos que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo”.

-Para IDEA, el proyecto “incrementa la injerencia de la política partidaria” en el funcionamiento del MPF. “La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico”, resaltó, y estimó que Argentina “tiene que reorientar sus prioridades”.