ESCUCHARA mediados de 2022, en un paso anunciado, la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a la querella en la causa “Vialidad”.
Hasta diciembre pasado, la dependencia estuvo a cargo de Félix Crous, uno de los firmantes de la solicitada fundacional de Justicia Legítima y titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin) hasta que se halló el cuerpo de Santiago Maldonado.
Crous relevó a la politóloga Laura Alonso, a quien se le objetó carecer de título de abogada y ser militante del PRO.
Si bien Crous es letrado, sus simpatías partidarias eran innegables cuando asumió. Asiduo panelista del programa televisivo ultrakirchnerista “678” y cercano a la ex jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó, dirigió la Procuvin hasta 2017, cuando salió eyectado del área por las repercusiones de su rol funcional en el caso Maldonado.
Unimog
En plena búsqueda del joven, fue enviado por su superior para supervisar la labor de la fiscal del caso, Silvina Ávila. Una vez en la Patagonia, Crous validó los dichos de personas que no se identificaron y que aseguraron que presenciaron el momento en el cual Maldonado fue introducido en un Unimog de Gendarmería. Poco después se determinó que uno de los “testigos” era Matías Santana, conocido como “el mapuche de los binoculares”.
El reporte de Crous apuntalando la tesis de la desaparición forzada motivó que Ávila pidiera y lograra que el primer juez de la causa, Guido Otranto, cambiara la carátula del expediente.
Sin embargo, la fiscal le remitió un informe al Ministerio de Justicia de la Nación señalando que no había motivos para afirmar que el artesano estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad. Además, describió un cuadro de poca colaboración por parte de los principales interesados en su localización y expuso que era difícil recolectar evidencias. “Todos los relatos de los presentantes de los diferentes hábeas corpus no arrojaron un hilo conductor para determinar lo que había acontecido y en qué circunstancia”, planteó.
Falso
En ese contexto, Crous recibió un informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal que denunció que Gendarmería había secuestrado a Maldonado. Gils Carbó aprobó que el documento anónimo se le entregara a Otranto. Luego se determinó que era falso.
El hallazgo del cuerpo y la marcha posterior de la pesquisa sellaron la suerte de la gestión de Crous en la Procuvin.
En diciembre de 2017, luego de la dimisión de Gils Carbó, el procurador interino Casal le pidió la renuncia.
Poder Ciudadano
Cuando Alonso fue elegida por Mauricio Macri para encabezar la OA, Poder Ciudadano cuestionó la designación con el argumento de que la mujer era macrista. Lo propio hizo cuando Alberto Fernández nominó a Crous: apuntó a su militancia en las filas del kirchnerismo.
Luego del nombramiento de Crous, la OA renunció a las querellas en “Los Sauces” y “Hotesur”, que tenían como principales procesados a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
Expuso que no tenía suficientes recursos humanos y que el impulso de la acción estaba garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Polémica
Para la OA de la “era Crous”, no había significación institucional, económica ni social que ameritara que siguiera acusando en los procesos por presuntos pagos simulados de alquileres (de habitaciones e inmuebles) de la ex familia presidencial a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Según justificó, debía concentrarse en casos más complejos, de “mayor actualidad”, que demandaran “particular experticia en delitos de corrupción”.
La polémica medida motivó la presentación de denuncias en contra de Crous por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y prevaricato, pero él adelantó que la OA desistiría de más expedientes; ello así, aunque el decreto 102/99 establece que debe constituirse en parte querellante en actuaciones que involucren el patrimonio estatal.
Poco después, la OA dejó de intervenir en la pesquisa conocida como “Cuadernos”.
Litigios
En octubre de 2020, la OA adelantó que ya no intervendría como querellante en las causas de corrupción.
Crous aseguró que se concentraría en darle un perfil “preventivo” al organismo y argumentó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) debía oficiar como acusador en causas penales. Una resolución firmada por ex el titular del organismo que depende del Ejecutivo disolvió la dependencia que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de su personal.
En conferencia de prensa, expresó que se estaba “reperfilando” la OA “de acuerdo con lo planificado”, para convertirla en “un motor de políticas públicas” y “dejando paulatinamente el rol de litigio”.
Expuso además que la OA debía “generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran” y reiteró que, de otra manera, su actuación se superpondría con la de la PIA.
Asimismo, indicó que para “contribuir al orden de la litis” las renuncias no se concretarían ni de inmediato ni a la vez.
En esa línea, detalló que en los juicios el desistimiento se efectivizaría cuando culminara la recepción de la prueba propuesta por la OA.
“Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, indicó la resolución que cambió el rumbo del área.
Conocida la noticia, la ex titular de la OA durante el macrismo, Alonso, declaró: “Soportamos cuatro años de insultos, falsas denuncias, difamaciones, mentiras pero nunca antes la OA había hecho tanto por prevenir e investigar la corrupción. Dejamos un equipo funcionando y lo desmantelaron. En la nueva Ley de Ética Pública que mandamos al Congreso (y duerme) propusimos un cambio para fortalecer todo el sistema de control sobre los funcionarios”.
Alonso agregó que con “rigurosidad y profesionalismo” los abogados de la OA lograron “hitos históricos en los juicios y las condenas de los corruptos” y fustigó a Crous. “El verdugo tira abajo su esfuerzo”, disparó.
En junio de 2022, a días del alegato en la causa “Vialidad”, el debate por irregularidades en la concesión de obra pública que derivó en una condena en contra de Fernández de Kirchner y otros encartados, la OA renunció a la querella que inició en 2016.
Tras meses de inactividad, se lo comunicó al Tribunal Oral Federal 2 con un escrito firmado por el abogado Sergio Aleo.
Ahora, el Gobierno de Javier Milei -que designó al abogado Alejandro Meliz frente a la OA- anunció que en los próximos días se presentará como querellante en las causas por corrupción de mayor calibre; entre ellas, la pesquisa “Cuadernos”. Lo propio hará la UIF, encabezada por Ignacio Yacobucci.
Hasta hace poco, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona planteó que la OA y la UIF se tenían que encargar de otras tareas, pero su postura fue revisada dentro del gabinete.
