La muerte de Suau pasó a manos de la Justicia federal

Bustos fierro es el único cordobés habilitado a continuar.

Lo resolvió el juez de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos. La decisión sigue el criterio de la Corte Suprema en el caso Alós. Mientras tanto, el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó liberar las cajas de seguridad que habían sido clausuradas cuatro meses atrás.

El juez de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos, reconoció la competencia de la Justicia federal para que investigue la muerte del financista Jorge Suau, en el marco del escándalo por la empresa CBI Cordubensis.

La decisión del magistrado se conoció ayer pero fue adoptada por Granda Ávalos antes de la feria judicial, siguiendo el criterio ya tomado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el denominado caso Juan Alós, el policía de Drogas Peligrosas que apareció muerto en su auto, cuya causa pasó de la Justicia provincial a la federal.

Al igual que el caso Alós, el deceso del vicepresidente de la financiera Cordubensis SA, ocurrido a mediados de febrero, está caratulado como suicidio.

Cabe recordar que la muerte de Suau tuvo fuerte repercusión en Córdoba por sus presuntas vinculaciones con empresarios y políticos locales. La investigación comenzó hace cuatro meses y generó, entre otras cuestiones, la clausura preventiva de las cajas de seguridad que tenían clientes de la firma en la sede de CBI, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, que ayer fueron liberadas por orden del juez federal Nº 1, Ricardo Bustos Fierro.

Argumentos
En la resolución, el magistrado entendió que ya no hay fundamentos legales para mantener la clausura de dichas cajas de seguridad, y que resolver su apertura en forma individual, según el requerimiento de sus propietarios -como ocurría hasta ahora-, implicaba un desgaste en los recursos humanos del tribunal y desviaba la “atención investigativa”.

Bustos Fierro recordó que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece expresamente que la propiedad es inviolable, a lo que hay que sumarle que el contenido de las cajas de seguridad es confidencial y secreto y sólo puede ser vulnerado mediante una resolución judicial fundada “en suficiente sospecha”.

Además, precisó que las cajas que tenía CBI en calle Rivadavia correspondían con el objeto societario de la firma, era una actividad lícita y, por lo tanto, ajena a la investigación penal que instruye el juzgado que tiene a su cargo.

En ese sentido, Bustos Fierro decidió convocar a sus propietarios a que se presenten entre el 28 y 31 de este mes al Juzgado Federal N° 1 a fin de comunicarles la fecha de restitución de sus bienes.

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