ESCUCHAREn la primera etapa del proceso, el Gobierno de Gabriel Boric coincidió con el pedido de la Fiscalía y pidió adicionalmente que se dicte la preventiva del líder de la RAM. La defensa planteó sin éxito que no se cumple un requisito del derecho internacional
La Justicia de Chile aprobó la primera etapa de la extradición de Facundo Jones Huala, detenido por la Policía de Río Negro en una casa de la localidad de El Bolsón luego de estar prófugo casi un año.
La decisión se tomó en una audiencia oral celebrada en Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno. Ahora el caso pasará a la Corte de Valdivia para que continúe el trámite formal.
Fondo
En la audiencia, la Fiscalía reseñó que el 14 de diciembre de 2018 Jones Huala fue condenado por el delito de incendio a seis años de prisión y a tres años y un día por tenencia ilegal de arma de fabricación artesanal, por un hecho ocurrido en 2013.
Indicó que el dirigente comenzó a cumplir la pena en la cárcel de Temuco; que el 20 de enero del año pasado el Tribunal de Apelaciones del lugar tomó en cuenta su buena conducta y le dio la libertad condicional; que el gobierno chileno apeló con éxito el decisorio, la sentencia se revocó el 15 de febrero y se ordenó que volviera a la cárcel, algo que no sucedió porque el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) escapó.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) precisó que como no pudo ser hallado se lo declaró prófugo y se emitió una alerta azul de Interpol, un mecanismo que se usa para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.
Señaló que en el caso se cumplen los requisitos para una extradición -que la pena por el delito supere el año de prisión y que esté acreditado el país y lugar en el que se encuentra el condenado- y precisó que hay un acuerdo de cooperación internacional entre Argentina y Chile.
Por su parte, un funcionario del Ministerio del Interior de Boric coincidió con la Fiscalía y sumó un reclamo para que se dicte un pedido de prisión preventiva sobre Jones Huala.
El defensor público alegó que no se cumplimenta el principio de derecho internacional que establece que los ilícitos por los que el encausado fue condenado en Chile también sean delitos en Argentina.
Planteó que ese punto no consta en la causa y que falta que se determine, pero el juzgador aceptó motorizar la extradición explicando que el argumento del abogado es una cuestión de fondo que tiene que analizar la Corte Suprema de Valdivia. También aclaró que la legislación vigente no contempla esa exigencia.
Así, ordenó que el expediente pase a aquella instancia.
Si confirma el pedido de extradición, la Cancillería de Chile hará el requerimiento formal con toda la documentación para que sea analizada por la de Argentina.
Identificación
Una vez que la Policía de Río Negro apresó a Jones Huala fue trasladado a Bariloche.
Horas después, Interpol emitió una alerta roja para que siga preso mientras el Gobierno nacional aguarda el pedido de extradición a Chile.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, declaró que cuando se concretó el procedimiento estaba “en estado de ebriedad”, en buena condición física y “solo, escondido y en una situación de delito común”.
En tanto, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, afirmó que el gobierno nacional tenía que “tomar cartas en el asunto” y alertó sobre la peligrosidad del dirigente.
En declaraciones radiales, Frutos -uno de los denunciantes sobre los violentos ataques de la RAM- elogió el accionar de la policía rionegrina y estimó que Jone Huala “es el líder” de los encapuchados sindicados como autores de los recientes atentados, que están prófugos tras escapar el 4 de octubre pasado hacia la montaña, en Villa Mascardi.
Además, criticó al ministro de Seguridad de la Nación. “Aníbal Fernández nos menospreciaba a los vecinos cada vez que denunciamos el lugar exacto donde estaba; yo denuncié el lugar exacto donde estaba mirando la final del Mundial (de Fútbol)”, recalcó.
Ataque
A fines de septiembre del año pasado, luego de un nuevo ataque incendiario en el sur del país, en contra de un puesto de Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, presuntamente cometido por grupos mapuches, el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) responsabilizó a la Administración de Alberto Fernández y a Jones Huala.
A través de su cuenta de Twitter, aseguró que el suceso se debió a “la pasividad y el abandono del Gobierno” y que era “muy probable” que el recrudecimiento de la violencia en la Patagonia Norte fuera consecuencia de la presencia del dirigente en la región.
Condicional
El derrotero que derivó en la concesión de la condicional a Jones Huala generó polémica.
En octubre de 2021, el senador nacional Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, detallara los pormenores de la participación del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en el proceso.
“Resulta absolutamente inconcebible que un embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática. Es por ello que exigimos saber qué instrucciones ha recibido por parte del canciller, pues cuesta creer que Bielsa se haya presentado por voluntad propia”, afirmó el fueguino.
Resaltó que la Cancillería, en sus reglamentaciones internas, establece que los diplomáticos no pueden ser parte de procesos judiciales en otros países e interceder para obtener exenciones de prisión ni proporcionar asesoramiento legal.
En esa línea, argumentó que la presencia de Bielsa en la audiencia era una vulneración de las disposiciones de la propia Cancillería y “una intervención directa en asuntos que no le competen, lo que constituye una falta gravísima que ameritaría su remoción”.
Blanco definió al encausado como “uno de los principales promotores de las tomas de tierras en la Patagonia Andina”.
