ESCUCHAREl grupo reportó que la confrontación entre el Gobierno y los medios fue el principal factor de tensión sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa durante 2022
La Fundación LED (Libertad de Prensa + Democracia) presentó su informe anual “Limitaciones al Ejercicio de la Libertad de Expresión – Argentina 2022”.
Según el relevamiento del organismo, suman 182 los casos que constituyeron hechos de censura directa o indirecta u otras acciones de que restringen o limitan el ejercicio de la libertad de expresión o el acceso a la información a periodistas o ciudadanos en el país.
Vía judicial
La Fundación Led profundizó en la confrontación entre el gobierno y la prensa y el uso de la vía judicial como herramienta de censura directa o indirecta.
“La confrontación entre el gobierno y los medios ha sido el principal factor de tensión sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. En particular, la utilización de conceptos como ‘fake news’, ‘lawfare’ y ‘discurso de odio’ para tratar de deslegitimar a periodistas y medios parece haberse consolidado como una práctica habitual entre funcionarios y dirigentes de todos los niveles de gobierno”, reza el texto.
También puso e foco en el creciente poder y accionar del crimen organizado contra la prensa; en particular en la ciudad de Rosario.
“La prensa argentina enfrenta un flagelo que no es nuevo pero que se ha magnificado durante 2022 a una escala que resulta ya inaceptable. El accionar del crimen organizado, en particular del narcotráfico, amenazando y atacando a la prensa ha alcanzado en nuestro país, y particularmente en la ciudad de Rosario, un nivel tal que pone en serio riesgo la posibilidad de que allí se ejerza la labor periodística de manera independiente. 288 rosarinos fueron asesinados durante 2022, esta escalada continúa y ya se teme por la integridad física de los periodistas amenazados en distintos hechos sucedidos durante el último año”, denunció.
“Ciberpatrullaje”
En Argentina, las controversias por los avances sobre la libertad de expresión se agravaron poco después de la declaración de la cuarentena, cuando la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic anunció que se emprenderían “acciones de ciberpatrullaje” para “medir el humor social”.
La idea de que las fuerzas federales monitorearan las redes causó rechazo; en especial, de organismos de derechos humanos y de ONG, que reclamaron la derogación de ese tipo de vigilancia. Hay que recordar que el Legislativo estaba paralizado y no era viable promover y discutir un proyecto de ley para delimitar atribuciones.
A fines de agosto de 2020, la incorporación de un inciso al proyecto de reforma judicial que facultaba a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura supuestas “presiones mediáticas” desató un escándalo.
La diputada Karina Banfi planteó: “¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces, una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra”.
Por su parte, el por entonces integrante de la Cámara Baja Luis Petri sostuvo que la denominada “enmienda Parrilli” (que finalmente fue desactivada) ataba de manos para reportar sobre el desempeño de los magistrados.
En un documento, Adepa expuso que la manda era incompatible con los compromisos internacionales que asumió el Estado nacional y que apuntaba a la autocensura, a inhibir el escrutinio periodístico y a debilitar “un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional”.
“La repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que, muchas veces, el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia”, afirmó.
