La Justicia imputó a la fintech dLocal -que se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan grandes empresa tech globales con mercados emergentes- por posibles maniobras de lavado de dinero con su operatoria.
Se sospecha que la empresa sobrefacturó servicios digitales y que contrabandeó divisas por al menos unos USD 400 millones.
La compañía cotiza en Wall Street y por eso se evalúa elevar un aviso oficial ante la Secretaría de Comercio de EEUU (la Securities and Exchange Commission), el regulador bursátil, y pedirle a organismos como FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano y la Homeland Security Investigations que determinen quiénes fueron los beneficiarios efectivos de los giros.
Las medidas permitirían establecer la ruta del dinero que salió de manera indebida del país.
La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuan presentó la denuncia que generó el caso.
La causa se sorteo y quedó a cargo del agente Ramiro González y de la jueza María Eugenia Capuchetti.
González ya realizó una serie de requerimientos, como pedirle al Banco Central que informe si la empresa cumple con los requisitos vigentes sobre giros al exterior con divisas entre “contrapartes vinculadas” y también que remita información sobre esos giros.
También le requirió a la Dirección General de Aduanas y al Fisco todos los antecedentes de la firma y los eventuales pedidos de informes que se les hubieran realizado.
Además, González quiere saber si dLocal tiene un departamento de Compliance dentro de su estructura y cómo se conforma.
Las estructuras de Compliance, o cumplimiento normativo, son las encargadas de establecer políticas y procedimientos que garanticen que la empresa realiza su actividad y sus negocios según las leyes vigentes.