La Corte ratificó la expulsión del país de un condenado en una causa por drogas

Confirmó la sentencia que rechazó el recurso del extranjero, de nacionalidad paraguaya, quien no podrá volver a Argentina. El inmigrante promovió recurso directo en los términos del artículo 84 de la ley 25871

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó una sentencia que rechazó el recurso de un extranjero que fue expulsado del territorio nacional después de haber sido condenado en una causa por tráfico de estupefacientes.

Al recurrente también se le prohibió su reingreso a Argentina, con carácter permanente.

El hombre fue condenado a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario del delito de tentativa de contrabando calificado de estupefacientes.

El migrante promovió recurso directo en los términos del artículo 84 de la ley 25871.

En el caso, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular la permanencia en el país del recurrente, de nacionalidad paraguaya, ordenó que saliera del territorio nacional y vedó que vuelva.

Alegó la procedencia de la dispensa por razones de “reunificación familiar”. También planteó que no tuvo defensa oficial y citó la errónea interpretación del artículo 29, inciso c, de esa normativa.

Además, pidió la aplicación de los principios pro homine y non bis in idem.

No obstante, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que desestimó el recurso directo que promovió el penado.

A su turno, la Corte consideró razonable interpretar que, en ejercicio de la facultad del Estado de decidir acerca del ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, el legislador, al sancionar el artículo 29, inciso c, de la ley 25871, dispuso que la comisión de un delito referido a cualquiera de las etapas del proceso de tráfico de estupefacientes configure una causal de impedimento para la permanencia en el país, independientemente del monto de la condena, teniendo en miras el riesgo que esa actividad representa para la salud pública y la seguridad común.

Grave amenaza

Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti enfatizaron que “el tráfico de estupefacientes representa una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos” y que “menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad, además de involucrar compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de represión del narcotráfico”.

Añadieron que “es razonable sostener una interpretación del artículo 29, inciso c, de la ley 25871, según la cual se configura la causal de impedimento para permanecer en el país por la existencia de una condena por tráfico de estupefacientes, más allá del monto de la pena, si el delito se refiere a uno de los eslabones de esa actividad, tomando como referencia para su definición la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988”.