La Cámara Federal porteña rechazó sobreseer y ordenó que se siga la investigación al ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y a su segundo, Omar Orsi, procesados por presunto prevaricato.
El tribunal de apelaciones ratificó un fallo del juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, quien declaró nulo un dictamen del fiscal Juan Pedro Zoni que había pedido el sobreseimiento para ambos acusados al negarse a enviarlos a juicio oral.
“Es inexorable concluir que el pedido de sobreseimiento así efectuado es una conclusión dogmática cuyos términos no cumplen con el requisito de fundamentación suficiente”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Además, ordenaron al fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, que resuelva si delega en Zoni un nuevo dictamen sobre el envío a juicio o designa a otro fiscal para que decida si se debe juzgar o no a esos funcionarios, imputados por haber omitido incluir al detenido Lázaro Báez y sus familiares en el primer dictamen en el que se impulsó la acusación por lavado de dinero, en 2013.
Sin embargo, advirtieron de que Zoni ya formó opinión al respecto, al pedir el sobreseimiento de ambos funcionarios, pese a que fueron indagados y procesados por el juez, en un fallo confirmado por la Cámara Federal porteña y en instancias judiciales que fueron avaladas por el Ministerio Público Fiscal.
En su dictamen, en el que se negó a enviarlos a juicio y pidió los sobreseimientos, Zoni “omitió efectuar cualquier reflexión o cotejo con la totalidad de la instrucción”, advirtió la Cámara.
“Y ello es así porque solo expresa su opinión acerca que las últimas pruebas producidas en el expediente (pedidas exclusivamente por la defensa) a las que califica como ‘desincriminantes’, pero para atribuirles esa calidad saltea el paso lógico necesario de confrontarlas con el restante cuadro probatorio, por el que ya se habían dado por acreditados los hechos con el alcance suficiente como para el dictado del procesamiento”, agregó el fallo.
Los camaristas advirtieron de que “por sobre los problemas de respaldo argumentativo y de arbitrariedad que han llevado a fulminar su dictamen, existe otro obstáculo mayor para el normal desarrollo del trámite: el fiscal Zoni ya tiene una opinión formada, lo cual compromete la debida intervención que le corresponde cuando deba responder nuevamente sobre el envío a juicio”.
