La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba quedó reducida a la mitad

El próximo 3 de junio el Consejo de la Magistratura de la Nación tenía que resolver si había motivos suficientes para someter a juicio político a dos camaristas federales cordobeses, acusados por la Dirección Regional Aduanera de Córdoba de “cajonear” una causa por defraudación y contrabando.
Se trata de los vocales Humberto Aliaga Yofre y Gustavo Becerra Ferrer, quienes antes de cumplirse el plazo que había fijado la comisión de Disciplina y Acusación del mencionado organismo para realizar sus descargos, decidieron presentar sus renuncias.

La dimisión de Aliaga Yofre fue dada a conocer oficialmente el miércoles último, en tanto que la decisión de Gustavo Becerra Ferrer fue confirmada a Comercio y Justicia por altas fuentes judiciales en la jornada de ayer.
Las vacantes mencionadas dejan a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba reducida a la mitad de sus miembros, teniendo en cuenta que el año pasado también había presentado su renuncia el camarista Alejandro Mosquera, cargo que todavía continúa vacante.

Desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba aseguraron que estas bajas no afectarán el normal desenvolvimiento del cuerpo, ni implicarán un inminente abarrotamiento de expedientes.
Consultado por este medio, el presidente de la aludida Cámara, Luis Rueda, señaló que “continuarán trabajando normalmente” y, en caso de ser necesario, lo harán también durante la feria judicial.
Evitando emitir opinión respecto de las renuncias de sus colegas, el magistrado se encargó de remarcar que la Cámara “es una de las más productivas” del país, evitando así cualquier suspicacia respecto de la mora que podrían sufrir desde ahora las causas que deberá resolver este órgano judicial, integrado sólo por tres miembros.

En el mismo sentido se pronunció el camarista Abel Sánchez Torres, quien negó categóricamente que pueda “verse resentido” el trabajo, a pesar de las renuncias presentadas.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que las vacantes surgidas en la Justicia federal tardarán al menos un año en cubrirse, teniendo en cuenta que el concurso – ya iniciado- se encuentra sólo en sus etapas preliminares (evaluación).