La ART no cumplió los supuestos para que su apelación fuese admisible

La decisión realizó una interpretación restrictiva de lo normado para el Procedimiento Declarativo Abreviado del fuero laboral y subrayó que la aseguradora impugnante no había recurrido la sentencia de fondo

Con fundamento en la taxatividad establecida en el Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) establecido en la ley provincial 10596 -que dispone la apelabilidad de las resoluciones judiciales en dos supuestos: 1) cuando el tribunal por resolución fundada decide la continuidad del trámite por el procedimiento ordinario, y 2) frente a la sentencia-, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo rechazó el recurso intentado por la demandada Omint ART SA, al no darse en el caso ninguno de los presupuestos referidos, ya que no impugnó la sentencia sino una resolución posterior, existiendo así cosa juzgada sobre el objeto de la impugnación.

La aseguradora se agravió por entender que la imposición de los honorarios regulados al perito médico de control de la parte actora, a cargo de su mandante, resultaba improcedente y contrario a la ley.

Costas

El impugnante agregó que, si bien recayó sentencia de fondo que dispuso la imposición de costas a su mandante, se omitió aclarar “con excepción de los peritos de control que son a cargo de sus proponentes (artículo 28, Ley Procesal del Trabajo, y artículo 49, ley 9459)”, y que, si bien es cierto que debió apelar el punto pertinente de esa sentencia, la omisión del a quo al consignar que los honorarios del perito de control eran a cargo del proponente de ninguna manera puede agraviar lisa y llanamente a su parte, generando así un perjuicio y antecedente gravísimo para el ordenamiento procesal de rito.

Ingresando al análisis del recurso intentado, el tribunal integrado por los vocales Eladia Garnero de Fazio, Patricia Ledesma y Leonardo L'Argentiere señaló que la expresión de agravios implica una descalificación crítica del decisorio cuestionado, por lo cual exige un preciso y concreto examen de los fundamentos de la resolución apelada y un análisis de las falencias que -a juicio de la apelante- ella contiene, como también la normativa aplicable al caso traído a estudio.

Doctrina

El fallo expuso que, en lo atinente a la admisibilidad formal del medio impugnativo articulado, calificada doctrina sostiene: “En cuanto a la impugnabilidad objetiva, la Ley 10596, al reglar el procedimiento declarativo abreviado, con el objetivo de alcanzar la celeridad, restringió a dos casos la interposición del recurso de apelación, distanciándose en este punto de la facultad consagrada en el artículo 94, LPT, de apelar cuando la resolución causa gravamen irreparable (…) el artículo prescribe la vía exclusivamente para dos supuestos, cuando el Tribunal por resolución fundada dispone continuar el trámite por el procedimiento ordinario (artículo 83 quinquies) y frente a la sentencia (artículo 83 septies). En función del principio de taxatividad (artículo 85, LPT), no hay posibilidad de introducir otro caso al medio recursivo previsto para este procedimiento” (El Procedimiento Declarativo Abreviado por Laboralistas, págs. 408/409).

Bajo esas premisas, la Sala consideró que en el caso no se configuró ninguno de estos supuestos respecto a la resolución en crisis motivo de apelación.

Asimismo, los jueces consideraron que el apelante en su caso debió recurrir la sentencia N° 36 de fecha 21.3.2022, y lo omitió, por lo cual aquélla hizo cosa juzgada, y concluyeron, en cuanto al gravamen invocado por el recurrente, que en función de lo relacionado precedentemente, aquél carece de mérito.

Dicho esto y reexaminada minuciosamente la cuestión, el pronunciamiento estimó que el recurso de apelación incoado debía ser rechazado, tomando como propios los argumentos vertidos por el apelado en función de que hace referencia a la sentencia Nº 36 de fecha 21.3.2022, dictada por el juez de Conciliación, la que se encuentra firme, habiendo pasado en autoridad de cosa juzgada y agregando otros con basamento en la doctrina aplicable en la especie, compartida por la alzada.

Jurisprudencia

En ese sentido, la sala precisó que, al decir de la jurisprudencia a la que adhirió el tribunal, “la cosa juzgada es el principal efecto que producen las sentencias judiciales, mediante el cual se convierten en inmutables, invocándose para ello como fundamento principal la conveniencia de impedir la revisión de lo ya resuelto en sentencia firme. La relación jurídica declarada por sentencia no puede ser cuestionada en adelante ni recaer sobre ella un nuevo pronunciamiento judicial (…)” (Gutiérrez, Alberto Cándido c/Marcos Lucas Pedernera-PVE, Cámara C y C, revista Foro de Córdoba N° 86, pág. 272).