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La apertura del año judicial 2023 en Córdoba

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Por Luis Carranza Torres * y Carlos Krauth **

El pasado viernes 3 de marzo se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I el acto de apertura del año judicial. En pocas oportunidades se ha visto tal concentración de público, que se extendía incluso más allá de los asistentes por protocolo. Gente en las galerías superiores y un público se extendió hasta la misma entrada por Caseros, hablan de una convocatoria particular.

Este año, el discurso de apertura corrió a cargo de Domingo Sesin, quien se desempeña como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El comienzo de sus palabras fue con un recuerdo histórico sobre la génesis y sentido de ese acto. “Hace 80 años, en 1943, el ilustre presidente del Tribunal Superior de Justicia Enrique Martínez Paz pronunció un memorable discurso con motivo de la apertura del año judicial. Este sano comportamiento republicano fue discontinuado en años posteriores hasta el año 2007 que lo adoptamos nuevamente. El TSJ considera fundamental este encuentro anual que genera un momento de reflexión y comunicación, que permite examinar lo forjado en el pasado, reconocer los imperativos del presente y avizorar el futuro con creatividad y responsabilidad, frente a los desafíos de un tiempo cambiante, vertiginoso y exigente”, dijo.

Entendemos que se trató de una puntualización adecuada a los tiempos. La justicia cordobesa, no exenta de fallos y deudas, no por eso deja de tener una personalidad institucional e historia que le imprimen un sello propio dentro del país y aun en el exterior.

Es precisamente por eso que debe enfrentarse con decisión los desafíos del presente, de cara a la construcción de un futuro más justo.

En tal sentido, y con toda claridad, el discurso de Sesin llamó a intensificar los esfuerzos frente al flagelo de la delincuencia que agravia “la esencia misma de los derechos humanos y la sana convivencia”, cuestión que reclama una “respuesta judicial firme” así como “una eficaz protección y reparación a las víctimas”, con un “especial énfasis en proteger al vecino”.

Extender la participación de los jurados populares, rescatar el compromiso ciudadana que requiere la actuación de la justicia, reafirmar la independencia e imparcialidad como pilares de la actuación de la Justicia, así como la inamovilidad en sus cargos para los jueces de Paz que actualmente solo duran cinco años en sus funciones fueron algunas de las propuestas vertidas durante el discurso.

Es de destacar el haber expresado algo que tantas veces hemos dicho en esta columna: la actividad económica y laboral que impulsan el bienestar de la sociedad requiere seguridad jurídica, cuestión que “implica que la persona, los bienes y los derechos de los ciudadanos están protegidos frente a cualquier obrar arbitrario o injusto de los poderes públicos o de los particulares”.

Resulta saludable, en tiempos de abjuración de ciertos poderes públicos de otros lugares, de la misión constitucionalmente impuesta, sin que se les mueva ni un cabello, al punto de hasta decirlo por los medios de comunicación, unas palabras que rescaten lo principal y básico de la paz social: la garantía de la justicia que solo puede dar un poder judicial eficaz, es decir, con respuestas oportunas y ajustadas a brindar la justicia frente a los desafíos jurídicos sociales que se le presenten.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.

(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

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