ESCUCHARLas médicas de la Unidad Judicial por la Integridad Sexual atienden ahora también casos de violencia familiar. Además de triplicarse la demanda, denuncian el precario espacio donde resguardan las muestras de las víctimas
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba se declaró en estado de alerta y movilización en reclamo por las inadecuadas condiciones laborales que afrontan las profesionales médicas que se desempeñan en el Polo de la Mujer. Denuncian también falta de condiciones para resguardar las pruebas de delitos -mayormente contra la integridad sexual-.
El secretario Gremial de la AGEPJ, Adrián Valán, informó a Comercio y Justicia que los inconvenientes comenzaron hace cuatro meses, cuando se trasladó la Unidad Judicial contra la Integridad Sexual al Polo de la Mujer. Desde ese momento, las siete médicas que trabajan en el área comenzaron a atender también a casos de violencia familiar, lo que elevó exponencialmente el trabajo.
“De seis o siete casos por día, las mismas médicas atienden hoy entre 20 y 25 mujeres”, explicó el gremialista, quien advirtió de que las profesionales están desbordadas y padeciendo, además, la falta de un lugar adecuado para realizar su trabajo.
Según Valán, el Polo Judicial hoy no cuenta con un “lugar específico para mantener seguras las muestras que los profesionales toman de las víctimas”, pruebas claves luego en un proceso penal, que son guardadas en un baño común, con riesgo de contaminación o inutilización. “No tienen ni siquiera una heladera”, subrayó.
Sin respuesta
El gremio se reunió en julio pasado con autoridades del Ministerio Público Fiscal para reclamar urgentes soluciones. Pidió tres médicos y un espacio adecuado de trabajo. Transcurridos dos meses desde el planteo formal y sin ninguna respuesta satisfactoria, la AGEPJ decidió declarar el estado de alerta en el Polo de la Mujer y advirtió de que es posible que se declaren medidas de fuerza “si efectivamente el Ministerio Público Fiscal no brinda soluciones que garanticen condiciones adecuadas para el trabajo de los profesionales y resguarden el derecho de la sociedad a un servicio de justicia que atienda como es debido a los delitos de violencia familiar y contra la integridad sexual”. Valán agregó que, a su entender, no hay voluntad política de resolver el problema. Recordó que hay orden de mérito vigente, con lo cual nombrar más profesionales para atender a la demanda no es un problema. Pese a todo, criticó que -entre las soluciones- se haya propuesto suplir la demanda con la figura de “concurrentes”.
“La figura del concurrente es igual a la del trabajo esclavo. Son médicos recién recibidos que podrían ir para hacer prácticas y a quienes nadie les paga ni los cospeles”, criticó el secretario gremial de AGEPJ.
Y agregó: “En el Polo de la Mujer se están incumpliendo protocolos nacionales e internacionales que indican la atención por dos profesionales a las personas víctimas de un delito contra la integridad sexual. La mayor parte del tiempo está tarea la realiza una sola profesional, quien debe afrontar en soledad la penosa tarea de contener a una víctima -la mayoría de las veces en estado de shock- y recolectar la prueba vital para esclarecer un delito”.
