Un tribunal de Berlín ratificó la condena a cadena perpetua de un hombre que lanzó una granada a un grupo de civiles que estaba recogiendo paquetes de ayuda humanitaria en Damasco, en 2014
Un Tribunal de Apelaciones de Berlín, Alemania, ratificó una condena a cadena perpetua por crímenes de guerra cometidos en Siria, en marzo de 2014.
Responsabilizó al acusado -un apátrida considerado sirio-palestino, quien trabajaba para las fuerzas del gobierno de Bachar el Asad- por lanzar una granada a un grupo de civiles que estaba recogiendo paquetes de ayuda humanitaria, en Damasco.
Durante el juicio declararon nueve testigos presenciales de lo sucedido; entre ellos, los dos denunciantes.
Los abogados de las víctimas intentaron que el tribunal considerara el ataque crimen contra la humanidad, pero finalmente tanto el fiscal como el tribunal desestimaron el pedido.
El hombre, Moafak D., fue detenido en Alemania en agosto de 2021.
Había llegado al país en 2017, con su mujer y tres de sus hijos, para reunirse con el cuarto, un menor de edad no acompañado que emigró antes.
Se trata del tercer proceso con el que Alemania enjuicia los abusos cometidos por el régimen de Bachar el Asad y el segundo en resolverse, después de que otro tribunal condenó a perpetua por crímenes contra la humanidad, en enero de 2022, a un antiguo coronel de los servicios de inteligencia sirios. Más de 800 mil sirios que residen en Alemania todavía esperan que se haga justicia después de que fracasaron los intentos de establecer un tribunal internacional para Siria.
Con la llegada, a partir de 2015, de más de un millón de demandantes de asilo a Alemania, se recopilaron los testimonios de las atrocidades que permitirán ir enjuiciando a los autores.
Moafak D. trabajaba en Yarmouk, un antiguo campo de refugiados para palestinos convertido en un distrito de Damasco.
La población de Yarmouk llevaba meses sufriendo un embargo y no recibía alimentos, medicinas ni otros suministros.
Refugiados
El ahora condenado era miembro de una de las milicias progubernamentales que controlaban a la población, y decidió matar a cuatro personas para frustrar las posibilidades de los refugiados de acceder a la ayuda que había enviado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al responsabilizarlo por los crímenes, el Tribunal Superior de Berlín se basó en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves en terceros países.
Desde 2002, Alemania es uno de los Estados europeos con una interpretación más amplia de lo que se considera justicia universal, lo que le permite, por ejemplo, juzgar a acusados de crímenes de lesa humanidad sin necesidad de que entre las víctimas haya ciudadanos alemanes, como exigen otros países de la Unión Europea.