ESCUCHARA raíz del homicidio del joven futbolista Lucas González, de 17 años, quien habría sido perseguido y ultimado por policías de la ciudad de Buenos Aires, quienes no vestían uniformes y se conducían en un vehículo no identificable, mientras se trasladaba con tres amigos en un automóvil por el barrio porteño de Barracas, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que reitera los cuestionamientos a las políticas de «mano dura».
Firmado por su presidente, el recientemente designado magistrado de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes, Mario Daniel Caputo, el documento apunta que «en el Estado de derecho las responsabilidades penales son personales y deberán ser establecidas, con arreglo a las normas del debido proceso legal, por las autoridades judiciales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Sin embargo, el texto agrega que «al margen de la culpabilidad por el delito cometido, a través de un juicio con todas las garantías, hay otro tipo de responsabilidades sobre las que creemos necesario hacer foco, tratando de coadyuvar al análisis de casos como el que hoy conmociona al país, pues el accionar de las fuerzas de seguridad a menudo suele estar impregnado por la narrativa y los slogans del discurso político», sostuvo la entidad.
En ese marco, la red que nuclea a los magistrados del fuero recordó que «desde la campaña electoral del ’99, cuando el entonces candidato (luego, gobernador) Carlos Federico Ruckauf lanzó su enjundiosa arenga ‘hay que meter bala a los delincuentes’, no sólo se sancionaron leyes procesales regresivas, de reconocida impronta manodurista (por las que, a la vez, que se acordaron mayores atribuciones a la policía y se impusieron rígidas limitaciones a los jueces penales), sino también se intensificaron las prácticas policiales represivas, entre las que destacan las ejecuciones sumarias en enfrentamientos fraguados (“gatillo fácil”)».
La red destacó que cuando el discurso político legitimó la respuesta represiva a como diera lugar, lo que produjo fue un inmediato y notorio incremento en los casos de “gatillo fácil”; y que “no podría ser de otra manera, porque cuando un político en campaña proclama que ‘hay que meter bala a los delincuentes’, luego no puede ignorar que la policía lo primero (y acaso lo único) que entiende es que hay que meter bala”.
Para finalizar, los magistrados resaltaron que «los dirigentes políticos deberían actuar con sensatez y racionalidad, máxime al anunciar medidas de política criminal para tratar de responder al acuciante interés social por la inseguridad. Cuando actúan de manera autoritaria e irresponsable, por ejemplo incentivando el uso de la violencia y apelando a estrategias de ‘mano dura’, no hacen más que legitimar el abuso, el exceso y la desproporción en el uso del poder letal».
