ESCUCHARMás de 50 oradores expusieron en la Unicameral. Hubo cuestionamientos y críticas a la iniciativa oficial. El CELS envió una carta para alertar sobre la incorporación de la figura del desacato.
Con 51 expositores y en medio de incidentes se desarrolló ayer la tercera audiencia pública en la Legislatura provincial por el Código de Convivencia. La Unicameral permaneció blindada varias horas por la Policía, que dispuso un cerco perimetral de 100 metros a la redonda, en medio de manifestaciones de carreros y otras organizaciones sociales.
Los comercios debieron cerrar sus puertas y recién con la intervención de la Guardia de Infantería -que desalojó a un grupo de 300 carreros que realizaba una protesta en la avenida General Paz- el centro volvía a retornar su normalidad. Para la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza las modificaciones pretendidas al Código de Faltas incorporan “deplorables figuras”.
“Se criminaliza nuestro trabajo, se nos persigue por pobres y organizados. Esto permite a la policía que tenga más poder para quitarnos los caballos, sin más criterio que la vara con la que se mide la justicia que se le da al pobre y al rico”, advirtieron.
Dentro de la Unicameral, las voces de rechazo también se hicieron escuchar. Un aspecto relevante que se criticó fue la ambigüedad a la hora de referirse a conductas que pueden señalar actividades lícitas y que hacen a la vida de una sociedad en democracia, tales como reuniones tumultuosas, agresiones o agravios verbales contra personal que trabaje para el Estado, entre otras.
En ese sentido, el secretario General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Corteletti, consideró que las modificaciones que se intentan establecer “siguen manteniendo en su núcleo figuras inconstitucionales”. De este modo señaló que algunas de esas figuras pueden ser utilizadas en el marco de conflictos sociales o laborales, constituyéndose como herramienta contra libertades sindicales y el derecho a huelga.
A su turno, el abogado y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Lucas Crisafulli, ya había explicado que el proyecto impulsado “incorpora 30 nuevas contravenciones” y que, mediante “una redacción ambigua”, prevé la posibilidad de sancionar a quienes “les falten el respeto, por medio de gestos o ademanes, a un miembro de los poderes públicos”, lo que en los hechos será “definido por los policías en las calles”.
Siguiendo ese razonamiento, Eduardo Salas, referente del Partido Obrero, dijo que se protege al funcionario público y no al pueblo, que es víctima de ese funcionario”, consideró .
Por su parte, Diego Tatián, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, consideró que el borrador del propuesto Código de Convivencia no lo sustituye sustancialmente. “Lo enmascara y lo perpetúa”.
Advertencia
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también hizo oír su voz por medio de una carta enviada a la vicegobernadora de la Provincia y presidenta de la Legislatura, Alicia Pregno.
El organismo advirtió que el proyecto reinstala la figura del desacato, derogada hace más de 20 años.
“El Código de Convivencia, al otorgar protección a la investidura de algunas figuras públicas, tiende a inhibir el derecho de opinar libremente. Uno de los riesgos es para la crítica periodística; el otro es para las movilizaciones. Pensemos en gente que se reúna para pedir que fulano se vaya”, señaló el Cels.
