ESCUCHAREn un duro reporte, la ONG criticó la posición de la Administración de Alberto Fernández con respecto a la Justicia, con eje en el pedido de avanzar con un juicio político a la Corte. También cuestionó sus arengas contra el periodismo
El informe anual de la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) sobre la actualidad de Argentina diagnosticó que “existen problemas de derechos humanos”, como abuso policial, las condiciones carcelarias deficientes y la “violencia endémica contra las mujeres”.
Asimismo, planteó que la crisis política, potenciada por las dificultades económicas y la polarización, creó “un contexto desafiante para que existan mejoras” en la materia.
En un documento lapidario que resume los principales sucesos de 2022 en el país, la organización criticó la relación del Gobierno y la Justicia e hizo foco en el pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político a los ministros de la Suprema Corte.
“En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, planteó HRW.
La ONG apuntó al proyecto de ley para avanzar con la ampliación del tribunal y consideró que el Presidente y sus aliados “introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales”.
Vicepresidente
HRW también citó las causas penales que involucran a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por su participación en hechos de corrupción mientras fue jefa de Estado.
Con el título “Independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal”, HRW afirmó que altos funcionarios utilizaron “una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.
En otro pasaje de su extenso trabajo, la ONG manifestó que autoridades de alto nivel, incluido el Presidente, también emplearon una “retórica hostil contra periodistas y medios independientes” y consignó que “en algunas provincias y municipios no hay leyes sobre libertad de información” y que ello “disminuye la transparencia gubernamental”.
Acerca de la economía, resaltó las dificultades que atraviesan las personas de bajos recursos por la crisis que se profundizó durante la pandemia de covid.
El informe se centró también en las penurias de la infancia y resaltó que los niños se vieron particularmente afectados, reportando que más de la mitad viven en la pobreza y más de uno de cada 10 en la indigencia.
La AMIA y Nisman
Un tramo del informe aborda al ataque a la AMIA y la falta de resolución del caso.
Paralelamente, se refirió a la pesquisa en curso por la muerte del fiscal Alberto Nisman y las declaraciones que hizo el presidente Fernández el año pasado.
“En 2021, un tribunal federal desestimó la acusación de Nisman contra Fernández de Kirchner, al sostener que los actos de los cuales se la acusaba no constituían delito. En agosto de 2022, el presidente Fernández dijo que Nisman se había suicidado y que esperaba que el fiscal que acusó a la vicepresidenta por hechos de corrupción no hiciera lo mismo”, indicó.
HRW se refirió a las declaraciones de Fernández en agosto de 2022, en una entrevista en el canal de televisión TN, sobre la situación procesal de Fernández de Kirchner, quien finalmente resultó condenada en la causa “Vialidad”.
Mientras se desarrollaba el debate oral, respaldó el tenor de las incendiarias publicaciones de la principal acusada en las redes sociales.
También cargó contra el Poder Judicial. “Tenemos una Justicia que se parece más a la Justicia de una monarquía que a la Justicia de una democracia, por cómo funciona. Es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos operan e influyen y todos los saben”, propaló.
Pese a los reclamos de la oposición y de grupos que nuclean a jueces y a fiscales para que cesara su injerencia en expedientes en trámite, Alberto Fernández volvió a hablar del acusador en “Vialidad”, Diego Luciani. “Más allá de la carencia de pruebas que el fiscal demostró, partía de una premisa insólita que decía que ella como presidenta no pudo no saber lo que pasaba”, juzgó.
“En esta causa Cristina no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?, dijo, apuntalando nuevamente la tesis defensiva mediática de la alta funcionaria, que resultó infructuosa.
Inquietante
En el marco de la entrevista se dio un inquietante diálogo con el periodista Edgardo Alfano.
Alfano expuso: “Siempre está el recuerdo de Nisman. ¿Cómo toma usted que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales?”.
Fernández contestó: “Yo honestamente le regalaría algunos tratados de derecho penal al fiscal Luciani. Por mucho que grite ‘justicia’ y ‘corrupción’ dijo un sinfín de disparates jurídicos” y prosiguió: “Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché y me pareció un disparate”.
Luciani ya había formulado su pedido de condenas y tanto el Presidente como la cuenta oficial de Casa Rosada respaldaron enfáticamente a Fernández de Kirchner.
El jefe de Estado escribió: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal (desde) hace más de tres décadas”.
También consideró que se motorizaba “una persecución judicial y mediática” en contra de la vicepresidente.
Luego, Presidencia se manifestó en sentido similar. “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta que quedó expresada, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, posteó.
También alegó que “ninguno de los actos” atribuidos a Fernández de Kirchner se probó y que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía”.
La cuenta oficial de Rosada se solidarizó con la ex jefa de Estado por lo que definió como “búsqueda de proscripción”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (AFFUN) respondió y a horas del cierre de la última jornada de alegatos de la acusación planteó su “honda preocupación” por los posteos del jefe de Estado y de la Casa Rosada.
Afirmó que cuestionamientos como los que se ventilaron son “una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público”.
También subrayó que en el debate todavía restaba que se pronunciaran los letrados de los acusados.
La entidad encabezada por Carlos Rívolo cerró su comunicado solicitando “la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos”.
Luego de que la hoy condenada se explayara mediáticamente sobre su situación procesal, con variadas denuncias e interpretaciones, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió “expresiones perjudiciales para el sistema republicano”.
Remarcó que miembros del Ejecutivo y del Legislativo usaron “calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso”.
La AMFJN fustigó el uso de consignas que descalifican la legitimidad de la tarea que llevan adelante el Judicial y los Ministerios Públicos y aclaró que la causa estaba “transitando las etapas en las que las partes ejercen sus derechos”.
En ese contexto, luego del discurso de la ex jefa de Estado -y de una nueva devolución del Presidente, quien opinó que fue “espléndido”- Fiscales de América Latina se solidarizaron con Luciani y su colega Sergio Mola, objetivos, entre otros, de los ataques de la alta funcionaria.
La Federación Latinoamericana de Fiscales aseguró que hay expresiones provenientes de los gobernantes, como hablar de “persecución”, que tensionan los principios del Estado de Derecho, son una injerencia indebida en la tarea judicial y ponen en crisis la democracia y la separación de poderes.
Bajo esa premisa, advirtió que la independencia judicial debe estar garantizada en una república. “Las resoluciones judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede plantearlo perfectamente la defensa de Fernández de Kirchner”, señaló.
Sobre los pronunciamientos del Presidente hasta ese momento, Ronald Segura -titular de la agrupación integrada por agentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay– aseveró que podían incidir en los jueces y las describió como “totalmente inadecuados”.
“Ya hay cuatro fiscales asesinados en la región (Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina”, dijo.
El comunicado reseñó que en varios países en donde se realizaron imputaciones a personas con “alta trascendencia social” o a líderes de organizaciones delictivas “se pretendió atacar las investigaciones desacreditando o amedrentando la persona de los operadores; en especial, a los fiscales”.
“Se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”, resaltó.
En otro tramo del texto que difundió, el grupo de fiscales latinoamericanos estimó que hay “una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas”.
“Hemos observado que, en estos días, el Presidente, durante el juicio oral y público, después de que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, sumó el escrito.
“Convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades”, cerró el comunicado.
Rechazo
Tras la difusión del informe de HRW, el Gobierno criticó su tenor y lo calificó como “parcial”.
El reporte de la organización con sede en Washington concluyó que el ataque del Ejecutivo a la Justicia socava el Estado de Derecho y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, opinó que incurrió en “inconsistencias” producto de “falta de información suficiente” y de “miradas parciales”.
“No desconocemos la crisis institucional que atraviesa Argentina en materia judicial y que implica un escenario complicado para avanzar en derechos humanos”, aseveró.
En defensa de la decisión oficial de avanzar con el juicio políticos a los miembros de la Corte en Diputados, interpretó que “el Estado de Derecho no se socava cuando se recurre a mecanismos previstos en la propia Constitución Nacional para recuperar ‘la legitimidad perdida”.
