ESCUCHARLuego de que Alberto Fernández anunció que no acatará la cautelar de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que el Estado nacional le restituya a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa coparticipable, el mandatario porteño anticipó que pedirá la ejecución de lo resuelto y que denunciará a los organismos y funcionarios que lo incumplan
Luego de que Alberto Fernández anunció que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, por unanimidad, ordenó que el Estado nacional le restituya a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa coparticipable, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el Presidente “decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de derecho y atentar contra la democracia”.
Rodríguez Larreta manifestó además que la decisión del mandatario es de “altísima gravedad institucional”.
Seguridad jurídica
Recordó también que Fernández resolvió presentar una recusación contra los jueces de la Corte, para evitar que participen del proceso, y valoró que la medida es “en contra de la Constitución”, de la seguridad jurídica y de “cualquier posibilidad de desarrollo”.
Bajo esa premisa, sostuvo: “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”.
Asimismo, dijo que la negativa de Fernández a cumplir el decisorio de la Máxima Instancia es “un ataque específico” contra los millones de argentinos que viven en la CABA y “contra los muchos millones más que todos los días la visitan” para estudiar, trabajar, atenderse en sus hospitales o hacer turismo.
Rodríguez Larreta anticipó que la ciudad realizará una presentación en la Corte para informar sobre el incumplimiento y denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de no respetar lo resuelto.
Expediente
Hace un mes, en el expediente que enfrenta al Gobierno nacional con la CABA por el recorte en la coparticipación del distrito, la Corte pospuso una definición: no incluyó el tema en su reunión de acuerdos y parecía que el fallo iba a salir antes de la feria judicial de enero.
Se trata de las actuaciones por las dos causas iniciadas por el Gobierno porteño a raíz de la quita de más de un punto de coparticipación, ordenada vía decreto en septiembre de 2020 -y mediante una ley, en diciembre-.
El Estado nacional justificó alegando que el decreto 194/16, dictado por el entonces presidente Mauricio Macri -que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía la CABA-, era arbitrario.
La expectativa durante el primer semestre del año era que la Corte se pronunciara luego del receso invernal de la Justicia.
El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, resaltó la importancia de dirimir el litigio durante la presentación de su informe de gestión en la Legislatura. “¿Alguien acá tiene claro en dónde están los 160 mil millones de pesos que el Gobierno nacional ya le sacó a la ciudad para la seguridad de los millones de personas que viven, trabajan o la visitan?”, dijo el funcionario, quien calificó la merma como “arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional”.
Cautelar
Tras meses de expectativa, la semana pasada la Corte sentenció a favor de la CABA y dispuso la suspensión de la ley 27606, que redujo la porción de la jurisdicción.
Dictó una cautelar y ordenó que se le entregue a la CABA el 2,95% de la masa coparticipable. El Gobierno porteño pidió 3,50% en el reclamo de fondo.
El Alto Tribunal basó su decisión en la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora y en la necesidad de atenuar durante el proceso “la alteración que causa el recorte de fondos en el normal desempeño de la administración porteña y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos”.
Competencias
Señaló que una vez operada la transferencia de competencias (y de los organismos correspondientes) a la ciudad, y cuando ya las ejerce, el Estado nacional no puede reducir unilateralmente los recursos comprometidos para la financiación del gasto necesario para proveer los servicios.
“Se trata de competencias estatales que se desplazan de un gobierno a otro, operación que, por su naturaleza, sólo puede hacerse con vocación de permanencia, ya que su reversión o bien es impracticable o bien resulta altamente costosa”, agregó.
En su cuenta de Twitter, Rodríguez Larreta celebró lo resuelto. En modo electoral, escribió que la sentencia era “una victoria de la Constitución” y del federalismo.
Responsabilidad
Luego de que Fernández y su gabinete desconocieron lo resuelto, el intendente cargó contra el mandatario. Afirmó que “si se deja presionar por la vicepresidenta” (en alusión a Cristina Fernández) es su responsabilidad y “tiene que hacerse cargo”.
“La Argentina es una república con división de poderes y nosotros la vamos a defender siempre”, enfatizó el precandidato a presidente.
En “modo campaña”, estimó que “la manera kirchnerista de entender el poder se está terminando”.
“Son los últimos actos desesperados frente a un país que quiere cambiar”, arengó.
Por su parte, el secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, Fernando Straface, juzgó que, con su actitud, Fernández generó “mucho más que un conflicto de poderes”, y estimó que desconocer la Constitución Nacional e iniciar un conflicto democrático tendrá “profundas consecuencias” en la credibilidad internacional del país.
“Una vez más destruyen la confianza internacional por la especulación por la interna del Frente de Todos”, concluyó.
