Condenan a agencia de viajes por no devolver el dinero de la reserva de hoteles

Ordenan a la empresa Almundo.com.ar resarcir a un cliente, quien no pudo viajar por las restricciones de la pandemia. Le aplicaron daño moral y punitivo

La jueza de Río Tercero Silvana del Carmen Asnal condenó a la agencia intermediaria de viajes Almundo.com.ar por no reintegrar a un cliente el importe del dinero que abonó por la reserva de tres hoteles en Miami con la finalidad de realizar un viaje de vacaciones con su familia.

El contrato ocurrió el 31 de agosto de 2019 y, en el marco de las restricciones por la pandemia de covid-19, el hombre se vio imposibilitado de viajar. Pasaron dos años y el demandante no obtuvo ninguna respuesta de la compañía. Recurrió a Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba pero la empresa nunca compareció; no dio respuesta alguna ni le ofreció al cliente la posibilidad de reprogramar las reservas; tampoco le devolvió el dinero y, pasado un tiempo, dejó de responderle.

Así las cosas, el cliente interpuso una demanda en la Justicia de Río Tercero que se tramitó desde una perspectiva de la Ley de Defensa del Consumidor (LCD).

En contra de la empresa, la magistrada tuvo en cuenta que Almundo.com SRL no contestó la demanda ni ofreció prueba , situación que la colocó en “una posición desfavorable en la litis, autorizándome a interpretar su actitud pasiva como falta de interés en el resultado del pleito, (lo que) crea una grave presunción en su contra conforme lo dispone el arículo 192, CPC” (Código de Precidimiento Civil).

Contrato electrónico

En la sentencia , se dejó en claro que el intermediario de turismo se encuentra “implicado en la cadena de comercialización de un servicio tanto como el organizador, y corresponde aplicar la LDC”.

Asimismo y sobre las cualidades de la contratación por internet, la jueza advirtió de que la rigurosidad en la satisfacción del deber de información que ha de cumplir el proveedor “resulta destacable, imprescindible y necesaria, ya que él es quien ha diseñado la oferta, el que almacena o conserva toda la información a su respecto en la página web y quien decide sin posibilidad de réplica qué es lo que quiere exhibir”.

“El empresario que usa la contratación electrónica, dada su elección, tiene la carga de soportar los riesgos de esa modalidad, siendo quien tiene la posición más favorable en la contratación y quien cuenta con los medios suficientes para probar y demostrar que su actuación en la contratación fue legítima y hecha con buena fe”, explicó el fallo.

Buena fe

La magistrada concluyó que la empresa no actuó de buena fe , tal como lo exige la LDC. Precisó que no restituyó al actor el monto oportunamente abonado , “lo que constituye un enriquecimiento sin causa ”. Paralelamente, le achacó no haber brindado respuestas “adecuadas y eficientes ” a las consultas y requerimientos efectuados por el cliente.

“Lamentablemente, en este caso las desprolijidades del proveedor han quedado al descubierto, ya que nunca brindó una información adecuada en tiempo y eficiente a su cliente. Recordemos que este contrato se perfeccionó por internet y ello puso en una situación más vulnerable al actor, ya que se vio obligado a comunicarse a través de una computadora”, planteó Asnal.

Daño moral

El fallo hizo lugar al pedido de un resarcimiento por daño moral y punitivo . Respecto del primero, la jueza consideró que existió la “afectación de un bien jurídico espiritual”.

“Es imaginable la ilusión que genera la organización de un viaje al exterior con toda la familia, como también la importante inversión de dinero que ello significa”, mencionó la sentencia, que agregó: “ Es innegable el desgaste al que se vio expuesto , la larga espera a la que estuvo sometido (dos años) y la necesidad de iniciar la presente acción, debiendo -además- soportar que la empresa demandada tampoco compareciera, demostrando un claro desinterés por su situación. Toda esta situación es suficiente para producir una afectación de la tranquilidad de su espíritu que -a mi modo de ver- supera las simples molestias derivadas de la inobservancia del deber a que se obligó la demandada, por lo que corresponde admitir el rubro daño moral”.

Así las cosas, Asnal fijó en concepto de daño no patrimonial (o moral) la suma de $100.000.

Daño punitivo

Al hacer lugar al daño punitivo, la jueza concluyó que q uedó acreditado el grave incumplimiento al deber de información, trato digno y buena fe por parte de la demandada.

A ello sumó que hasta el día de la fecha la empresa no restituyó el dinero al demandante que pagó por un servicio que no recibió. Por este concepto fijó una semana de $150.000 más intereses.