ESCUCHARLa Justicia tramita el recurso y citó al Ministerio del Interior a comparecer para dilucidar la cuestión. Sólo en las cárceles federales, este número representa 25% de los detenidos.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación presentaron en conjunto una acción de hábeas corpus frente ante la existencia de cientos de personas condenadas y privadas de su libertad que no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI).
Ambas instituciones pidieron a la Justicia que se requiera al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y a las respectivas autoridades responsables de la detención y custodia de las personas condenadas que adopten las medidas correspondientes, removiendo los obstáculos y óbices formales que puedan oponerse a ello, para la rápida expedición de los documentos de identidad de la totalidad de las personas condenadas que lo requieran y no cuentan con su DNI.
Existen centenares de personas condenadas y privadas de su libertad sin DNI como consecuencia del engorroso procedimiento que deben atravesar para documentarse. En los hechos, esto determina que el tiempo servido en prisión siquiera resulte suficiente para que, al momento de egresar, las personas retornen al medio libre debidamente registradas, generando incontables inconvenientes y vulnerando una exigencia elemental de la función resocializadora de la pena.
Según explicó en un documento la PPN, incluso se han detectado casos en los que el propio Servicio Penitenciario Federal (SPF) demoró la entrega de fondos personales a una persona indocumentada en libertad luego de cumplir su condena. Fue necesaria una orden judicial de identificación dactiloscópica para remediar, a medias, sus urgentes necesidades de subsistencia.
En números
De acuerdo con las estimaciones de la PPN, a octubre de 2014, 2.758 personas detenidas en el SPF carecían de documento. Es decir, alrededor de 25% del total de personas presas en el ámbito federal. Mil novecientas de ellas, 69%, eran procesadas, mientras que las demás 858, 31%, condenadas. Cincuenta por ciento del total de quienes no contaban con DNI era argentino. En consecuencia, el universo de ciudadanas y ciudadanos argentinos condenados y detenidos en el SPF, sin DNI, alcanzaba a 372 personas. Por vía de una estimación simple para una población penal total del país de entre 60 y 70 mil personas, se puede afirmar que alrededor de dos mil ciudadanos argentinos cumplen condena en prisión pero no tienen DNI.
El PPN calificó tal situación “como un auténtico despropósito, si se considera la enorme cantidad de recursos que se destina a lograr una condena de cumplimiento efectivo”.
“El derecho a la identidad es el conjunto de atributos y cualidades, tanto de carácter biológico como referidos a la propia personalidad que permiten la individualización de cada uno en sociedad y se expresa, entre otras formas, a través de la documentación estatal. Las personas privadas de libertad, sin embargo, están en posición de desigualdad con relación al resto de la sociedad frente a las tramitaciones y requisitos exigidos para la emisión de sus respectivos documentos, sin que aún exista, a pesar de ello, un mecanismo que facilite las tramitaciones”, remarcó la PPN.
Además de la acción judicial, la PPN anunció que presentará un proyecto de ley y algunas propuestas inmediatas a la administración penitenciaria federal.
Resultados
El hábeas corpus interpuesto recayó sobre los jueces Ricardo Matías Pinto y Julio Marcelo Lucini, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quienes ordenaron el pasado día 5 tramitar la acción de hábeas corpus.
Los jueces también indicaron que los representantes de las autoridades del Ministerio del Interior debían comparecer ante la Justicia a fin de dilucidar el asunto.
