Habrá audiencia por difusión de información en Internet

El Máximo Tribunal consultará a varios amicus curiae sobre la responsabilidad de los buscadores. Actualmente, los jueces resuelven los reclamos de particulares aplicando las normas del Código Civil, ya que no hay una legislación específica. [privado] La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para el 21 de mayo, en la causa “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios”. Desde hace varios años, los tribunales reciben demandas promovidas por personas de renombre contra Google y Yahoo, en las cuales se alega afectación al honor o a la imagen personal. Al no existir una legislación específica, los jueces resuelven los reclamos aplicando las normas del Código Civil. En ese marco, el Alto Cuerpo convocó a varios “amicus curiae” (amigos del tribunal), que serán consultados sobre la responsabilidad que pueden llegar a tener los buscadores por los contenidos publicados por terceros. Luego, fallará en el caso “Rodríguez”. Usualmente, las compañías se defienden señalando que son meros intermediarios y que no editan las noticias o páginas que difunden contenidos dañosos. En tanto, los damnificados sostienen en sus acciones que las firmas deben responder cuando no controlan la información que enlazan a través de un link. El reclamo que obtuvo la primera sentencia fue formulado por la modelo y cantante Virginia da Cunha, quien demandó a Google y Yahoo por daños y perjuicios, ya que en su campo de búsqueda la vincularon con sitios de contenido pornográfico. En agosto de 2013, la Procuración General de la Nación se expidió en el caso considerando, entre otras cosas, que la conducta de los buscadores se ajustaba a la doctrina del precedente “Campillay” y que, en principio, no son responsables, ya que actúan como “intermediarios” entre los sitios web y los usuarios. La Corte Suprema no se expidió aún en esa causa. En el caso de María Belén Rodríguez, que motivó la convocatoria para la audiencia pública, la Sala A de la Cámara en lo Civil porteña -en mismo tribunal que intervino en la demanda promovida por Da Cunha- condenó Google a pagarle la suma de 20 mil pesos en concepto de daño moral y 30 mil por daño material. En esa oportunidad, el juez Sebastián Picasso opinó que es suficiente con que las firmas hayan tomado conocimiento -en principio, mediante la comunicación del usuario- de la existencia del contenido nocivo y que, a partir de ese momento quedan obligadas a bloquear los datos sin demora; ello así, porque esa es la conducta esperable de un “empresario diligente”. En Estados Unidos y en la Unión Europea hay sentencias que indican que los buscadores no son responsables de los contenidos ilegales hasta que son anoticiados de forma fehaciente por parte del damnificado. [/privado]

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