martes 8, octubre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Gil Lavedra será el primer orador del proyecto de reforma penal juvenil

Ricardo Gil Lavedra. Presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal.
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La reducción de la edad de imputabilidad es una de las principales críticas de la oposición. Mientras tanto, en la Unicameral de Córdoba, no hay avances en el tratamiento de la regulación del abogado del Niño

El jurista Ricardo Gil Lavedra será el primer orador en la audiencia pública que se desarrollará hoy en la Cámara de Diputados en el marco del debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil.
El ex diputado y ex ministro de Justicia expondrá ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto desde las 9.30 en su calidad de coordinador general del programa “Justicia 2020”, y como partícipe de la redacción de la iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri.
Los diputados acordaron días atrás llevar a cabo entre ocho y nueve audiencias, ordenadas por temáticas, que se realizarán los martes y jueves. El objetivo es escuchar la mayor cantidad de voces, en una metodología similar a la utilizada el año pasado durante la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo.

Cabe recordar que el proyecto del Ejecutivo propone la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años. Además, establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
El texto indica que los adolescentes no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas y que el máximo de cárcel será de 15 años y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Además se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, en centros abiertos y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.

Por otra parte, uno de los artículos establece que en caso que las víctimas den su consentimiento y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
También se prevén sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
Funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación defendieron la iniciativa con el argumento de que, actualmente, los delitos cometidos por menores de edad son analizados con una ley de la dictadura que les da a la posibilidad a los jueces de definir, de acuerdo con su solo criterio y sin control, el destino de esos jóvenes. Actualmente, hay en la Argentina un poco más de 100 menores de 16 años (“inimputables” según la propia ley) privados de su libertad, destacó la cartera que dirige Germán Garavano.

Detalles
El proyecto del Gobierno plantea que se es penalmente responsable desde los 15 años de edad si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas).
Además, se es penalmente responsable desde los 16 y hasta los 18 años, si se comete un delito cuya pena máxima posible es de dos años o más.

Córdoba
sin tratamiento de la reforma

El debate sobre la reforma de la ley penal juvenil de Córdoba que estaba siendo tratada en comisión en la Legislatura Unicameral está paralizado.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, se baraja la posibilidad de desdoblar la iniciativa en dos partes: por un lado, la reforma penal juvenil propiamente dicha, y – por el otro- la regulación del abogado del Niño.
Las reuniones quedaron suspendidas hasta nuevo aviso y aunque algunas fuentes indicaron a este medio que en abril podría reanudarse el debate, el clima electoral conspira con el avance del proyecto.
Como se sabe, la iniciativa tiene como objetivo brindar más celeridad a los procesos judiciales que involucran a los menores de edad, regular las medidas alternativas y previas a la prisión, incorporar la figura del abogado del Niño y ampliar la herramienta de la mediación.

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