ESCUCHARFirmó varios convenios con el Ministerio de Justicia de Córdoba. Confirmó que se creará un fondo para las justicias provinciales y ofreció colaboración para la reforma de los códigos procesales. La construcción de una cárcel federal, otra de las promesas.
Avanzar con las reformas procesales, construir una cárcel federal en Córdoba, dotar de más recursos a la Justicia provincial y fortalecer la Justicia penal federal son algunos de los temas en agenda que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunció ayer en su visita a Córdoba, en el marco de la Apertura del Año Judicial 2016.
La mayoría de los anuncios no es nueva y forma parte de la reforma judicial 2020 que planea ejecutar Garavano mediante diferentes proyectos de ley que irán ingresando paulatinamente al Congreso nacional.
Por la mañana, el funcionario nacional se reunió con el ministro de Justicia de la provincia, Luis Angulo, con quien firmó varios convenios para Córdoba. Sabido es que el gobierno de Schiaretti pretende impulsar las reformas de los códigos procesales, tarea que quedó trunca en su anterior gestión. Ahora, además de la decisión política provincial se suma la voluntad del Gobierno nacional de colaborar para que estos cambios efectivamente se concreten.
La construcción de una cárcel federal en Córdoba es otro de los pedidos que se lleva Garavano a Buenos Aires. Se trata de un vieja promesa que nunca se concretó y, que en esta oportunidad, vuelve a convertirse en una posibilidad, esta vez de la mano del gobierno de Mauricio Macri.
Para el Poder Judicial de la Provincia el ministro de Justicia también dio buenas noticias. En conferencia de prensa, confirmó la intención de su cartera de crear un fondo para las justicias provinciales de manera de garantizar igualdad de oportunidades y acceso a la justicia a todos los ciudadanos argentinos. Este anuncio también forma parte del paquete de reforma judicial 2020 y es un proyecto que fue elaborado oportunamente por la Federación Argentina de Magistrados (FAM).
Para la Justicia federal Garavano también anunció cambios.
“Tenemos que fortalecer la Justicia federal penal del país, necesitamos que los jueces federales tengan competencia exclusiva en materia penal”, dijo el funcionario nacional, quien hoy continuará con reuniones en el mencionado fuero.
Y agregó: “A lo que se apunta es a desdoblar los juzgados federales que hoy existen y separar la secretaría penal con un nuevo juez, que puede ser uno nuevo o el juez que está vigente si acepta ese traspaso. Para fortalecer lo que es la Justicia Federal Penal del interior del país es clave ese fortalecimiento para la investigación y la persecución penal del narcotráfico”.
Ganancias, para después
Aunque Garavano aseguró que los jueces deben pagar el impuesto a las Ganancias, subrayó que esto no ocurrirá a corto plazo porque los magistrados podrían ver afectados la intangibilidad de sus salarios.
“Nosotros estamos pensando abrir la discusión recién a principios del año que viene y que para ello se cree una categoría especial”, explicó.
Sobre las designaciones que faltan para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aseguró que aspira a que los pliegos de los dos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo para completarla, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, sean aprobados por el Senado en marzo o a principios de abril. Y consultado sobre la posibilidad de aumentar el número de miembros del Máximo Tribunal dijo que que no estaba en los planes del Gobierno y que lo importante es “dejarla funcionar con cinco miembros como hacía mucho que no ocurría”.
En otro orden, ratificó que estan garantizados los juicios de lesa humanidad: “ Los recursos están y se sigue trabajando en esa línea”, destacó.
Sesin y la reforma
En la misma sintonía que Garavano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Juan Sesin, también reconoció la “importancia de los proyectos de reforma” de los códigos procesales y de “un nuevo modelo de gestión judicial que optimice los tiempos y recursos en la sustanciación de los procesos”.
Finalmente, aseguró que hay que “garantizar aún más el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad”.
