ESCUCHAREl papa Francisco eliminó el secreto pontificio para los casos de pornografía infantil y de abuso sexual en el seno de la Iglesia, en busca de ofrecer una “plena colaboración” con las autoridades civiles.
Mediante una disposición firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, se anuló el secreto pontificio para los casos que involucren “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.
La eliminación del secreto, que permitirá acelerar las causas canónicas de pederastía, regirá para los delitos contemplados en el artículo 1 del decreto pontificio “Vos Estis Lux Mundi” de mayo pasado.
Así, son alcanzados por la disposición los “delitos contra el sexto mandamiento del decálogo” que consistan en “obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas”.
También quedan excluidas del secreto las “conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6, que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso” en los delitos de pederastia. Francisco dispuso además que a partir de ahora “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”. De esta manera, los magistrados civiles de los países que investiguen este tipo de delitos podrán tener acceso a las actas de los procesos canónicos.
Con la nueva disposición, siempre que una ley estatal prevea la obligación de denunciar de parte de quien sepa sobre este tipo de hechos, “se favorecerá la plena colaboración con las autoridades civiles evitando incursiones ilegítimas en la esfera canónica”, planteó el presidente del Tribunal de Justicia Vaticano, Giuseppe Dalla Torre.
Según el escrito divulgado por el Vaticano, con la nueva disposición, “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”.
Además, se amplió de 14 a 18 años el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.
De esta manera, Francisco intenta responder a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión del tema y a reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores.
Antecedentes
El papa Benedicto XVI decretó en 2001 que estos casos debían gestionarse bajo “secreto pontificio”, el grado más alto de confidencialidad en la Iglesia. El Vaticano llevaba tiempo insistiendo en que era necesario para proteger la privacidad de la víctima, la reputación del acusado y la integridad del proceso canónico.
Sin embargo, ese secretismo también sirvió para mantener el escándalo oculto, impedir que las fuerzas de seguridad accedieran a documentos y silenciar a las víctimas. Con frecuencia, muchas víctimas sintieron que el secreto pontificio les impedía acudir a la policía para reportar a sus agresores.
El Papa convocó en febrero a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para una cumbre de cuatro días sobre cómo impedir los abusos, donde varios oradores pidieron una reforma del secreto pontificio.
Un caso
El sacerdote Eduardo Lorenzo, ex confesor de Julio César Grassi y acusado de abusos sexuales contra niños y adolescentes, se suicidó el lunes. Ello ocurrió horas después de que la jueza Marcela Garmendia emitió contra él una orden de detención por cinco casos de abuso sexual, 11 años después de que fue denunciado.
