Falta de admisión por no cumplir requisitos no genera condena por daños

La familia de un hombre -quien, finalmente, falleció- había promovido demanda por la demora con que aquél fue atendido en un sanatorio. El tribunal concluyó que éste no estaba obligado si no se cumplían las formalidades

La Justicia federal rechazó la demanda de la familia de un paciente -fallecido a raíz de un aneurisma- contra una fundación y una obra social por daños, por el rechazo de una derivación desde un hospital público . Según el fallo, el sanatorio no estaba obligado a recibir al paciente derivado si no se cumplían los requisitos de admisión.

La cónyuge inició la demanda por daños y perjuicios contra la F undación Favaloro, la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Afines (Osecac) y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires . El hombre fue atendido a raíz de un aneurisma. Alegó que, luego de que aquél sufrió una descompensación en la vía pública, se lo trasladó en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín de la ciudad de La Plata, donde se le dio el diagnóstico y se le indicó que debía ser operado de urgencia, al tiempo que se le advertía de que ese nosocomio no contaba con camas ni cupos disponibles, por lo que, tras la consulta con el Ministerio de Salud, tampoco se logró conseguir cupos en ningún lugar, en tanto que, debido a “medidas de fuerza” del personal, Osecac no le dio respuestas.

Finalmente, se lo trasladó en vehículo de emergencias privado a la fundación donde al principio fue rechazado por no haber efectuado el pago de los costos de atención pero, tras un retorno al hospital inicial, luego finalmente se consiguió la cobertura requerida, por lo que efectivamente se lo ingresó en la fundación y se le brindó atención médica, de la que se concluyó que no se podía operar; y posteriormente ocurrió el fallecimiento.

Promovida la causa, la fundación contestó que si bien era una institución sin fines de lucro, el servicio brindado no era gratuito porque se debía financiar el funcionamiento de aquélla y la asistencia brindada de alto prestigio, por lo que, para ingresar un paciente, se requiere un depósito previo en garantía; y que, como en el primer intento de ingreso los costos no eran cubiertos, el paciente no fue admitido hasta unas horas después, cuando, ya con cobertura de Osecac, se lo admitió y se le hicieron todos los estudios necesarios así como el tratamiento requerido.

La obra social manifestó que su parte cumplió en dar cobertura integral, incluso cuando ésta no tenía convenio alguno con la fundación; y que todo ocurrió en menos de 24 horas. También destacó que las actuaciones penales por supuesta mala praxis fueron archivadas por falta de conducta negligente.

El juez de grado rechazó la demanda de los familiares por entender que no existía ninguna norma que obligara a la institución médica a ingresar y tratar al paciente derivado de otro nosocomio si no se cumplían las reglas de admisión.

Apelada la resolución, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, con la firma de los jueces Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez, confirmó la sentencia sin costas.

Por un lado, la actora había apelado por entender que no se valoraron correctamente los hechos e incumplimientos; y por otro lado, las codemandadas apelaron la distribución de costas.

Relación de causalidad

Los camaristas, aplicando el Código Civil vigente al momento del hecho (2003), determinaron que para que procediera la reparación debía existir una relación de causalidad entre el hecho y el daño, por lo que, siguiendo los peritajes médicos que consideraron de especial relevancia por el tipo de caso, se determinó que el tratamiento brindado al paciente fue el correcto, y cuando se le preguntó específicamente si el cuadro pudo agravarse por el primer “rechazo” de la fundación que demoró la atención unas horas, el perito respondió que no, y que el diagnóstico tenía muy poca probabilidad de sobrevida incluso si se lo operaba en las primera horas, al tener un 98% de mortalidad.

Por todo lo cual, tomando esa prueba complementada con las documentales del caso, las historias clínicas y la resolución del expediente penal, la sentencia de grado era correcta porque no existían pruebas que pudieran acreditar la relación de causalidad entre la conducta de las demandadas y el daño producido.

Tampoco se acreditó que existiera un actuar antijurídico de la obra social, sin lograr probarse siquiera la existencia de la supuesta medida de fuerza por la cual la obra social no daba respuestas, según la actora.Para cerrar, en cuanto a las costas, entendieron que la eximición de costas del artículo 68 respondía a la presencia de una fundada razón para litigar (fuente: http://www.diariojudicial.com ).