Extienden a administradores responsabilidad por deudas laborales de una heladería

La decisión sostuvo que no se necesita una negligencia agravada para obligar a los supervisores de una persona jurídica cuando ésta no cumple con los deberes fiscales y previsiones respecto de sus dependientes

Al considerar que se interpretó erróneamente la normativa aplicable, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó parcialmente una sentencia, admitió el recurso de la parte actora y condenó solidariamente a los administradores de Creambury SA por los rubros indemnizatorios y salariales por registrar tardíamente el vínculo del accionante.

La trabajadora se agravió al desestimarse su pretensión en orden a la condena solidaria de las personas físicas demandadas, con sustento en la Ley de Sociedades Comerciales (LSC). Señaló que el a quo omitió tratar la cuestión argumentando con que su parte sustentó la pretensión en las disposiciones que regulan la responsabilidad solidaria de quienes en su actuación como administradores o representantes de un ente ideal incurren en actos u omisiones que perjudiquen a terceros; una de las variantes de extensión de responsabilidad que supone la subsistencia de la personalidad jurídica, agregando que no obstante, el juzgador sólo se expidió sobre la desestimación de aquélla (artículo 54 LSC).

Apartamiento

La ex dependiente denunció apartamiento de los términos de la litis, al expresar que el juzgador hizo referencia a que la trabajadora fue registrada tardíamente cuando en realidad probó una relación no registrada, por lo que valoró un incumplimiento de menor gravedad que el denunciado y, luego, acreditado.

La demandante también esgrimió que a efectos de determinar la insolvencia de la demandada principal, el a quo pasó por alto prueba dirimente, explicando al afirmar que no se había demostrado su iliquidez hizo caso omiso al cierre del local comercial, por lo que carecía de objeto de explotación; y que en la audiencia de conciliación se informó que se encontraba en concurso preventivo, y que estas circunstancias, patentizaron la imposibilidad de hacer frente a sus deudas.

La mujer indicó que la conclusión a la que se arribó deriva de una errónea aplicación de las normas invocadas por su parte, toda vez que al sostener que los incumplimientos debieron haber sido llevados a cabo con “culpa grave”, incorporó una exigencia no prevista.

Base fáctica

El Alto Cuerpo integrado por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Rubio y Luis Angulo indicó que el a quo rechazó la responsabilidad personal de quienes actuaron como administradores de Creambury SA, al analizar lo que -a su parecer- constituía la base fáctica de autos -registración tardía y falta de pago legal de haberes- y concluyó que resultaba insuficiente a los efectos pretendidos.

Bajo esas premisas, el fallo sostuvo que esa conclusión no encuentra sustento en la normativa que se indica aplicada, pues el requerimiento de una negligencia agravada no encuentra sustento en el artículo 59 LSC, que extiende de manera solidaria e ilimitada la responsabilidad de los administradores cuando por incumplimiento de sus obligaciones terceros resulten perjudicados.

Los supremos observaron que asumiendo que el a quo haya derivado tal recaudo del dispositivo que regula la responsabilidad ilimitada y solidaria de los directores, en el caso se acreditó que el vínculo de la actora no estuvo registrado, circunstancia que formó parte de los hechos valorados por el Juzgador para tener por configurada la injuria en los términos exigidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Asimismo, se indicó que con posterioridad al cierre del local, la trabajadora debió transitar diferentes instancias en procura del cobro de los conceptos peticionados, debiendo concurrir a la oficina de reclamos individuales pretendiendo el cobro de conceptos salariales e indemnizatorios, vía administrativa que quedó agotada por la incomparecencia de la demandada.

Proceder

El Alto Cuerpo apuntó que este proceder no pudo resultar ajeno al ámbito de actuación de las personas físicas codemandadas sino que, por el contrario, da cuenta de la conducta que mantuvieron tanto al extinguir el vínculo como con posteridad, la decisión de desestimar su responsabilidad personal importa apartarse de la normativa en que tal base fáctica resulta subsumible y, en el particular, proceder de otro modo podría conducir a que la trabajadora vea frustradas sus acreencias.

De conformidad con lo expuesto, en el fallo se resolvió que corresponde casar la sentencia en el punto señalado y, entrando al fondo del asunto, responsabilizar personal y solidariamente a A. P. R. y D. C. V. , sin que ello implique un desconocimiento de la personalidad diferenciada.