Eximen al Banco de Córdoba de deudas laborales exigidas por una trabajadora de limpieza

El Máximo Tribunal cordobés entendió que la actividad en la que prestaba tareas la demandante no es una función inherente al servicio que brinda la entidad financiera

Al interpretar que, para que se aplique la solidaridad del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), las empresas codemandadas deben formar parte de un proceso vinculado a su objeto social, lo cual no ocurre entre una empresa de limpieza y una entidad financiera, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió el recurso del codemandado Banco de la Provincia de Córdoba SA, liberándolo de la condena establecida en contra de Price Serv SRL por las deudas laborales contraídas con la accionante, quien prestaba tareas en las sucursales de la entidad financiera.

En contra de la sentencia que hizo lugar a la demanda incoada por Nelba Adriana Cabrera en contra de Price Serv SRL y declaró al banco referido solidariamente responsable del pago de los créditos adeudados a la actora, este último presentó casación.

A su turno, el Alto Cuerpo -integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo - al analizar la cuestión indicó que el juzgador descartó la aplicación del artículo 29 de la LCT, que fue solicitado en el libelo introductivo y encuadró el caso dentro de los parámetros del artículo 30 de dicha norma, agregando que no cabía duda de que la limpieza de las sucursales bancarias -en los términos, condiciones y formas que fueron descriptas por las testigos de la causa- implica solidaridad legal en contra de la entidad financiera.

El TSJ relató que el a quo argumentó que la demandante, además de hacer la limpieza de los locales bancarios, rendía cuentas a los gerentes de las sucursales de sus tareas y muchas veces se utilizaba de la propia logística de la entidad financiera (el llamado bolsín interno) para llevar a cabo la prestación, por lo que condenó a Bancor al pago solidario de los créditos admitidos.

Análisis

Con ese panorama en vista, el Alto Cuerpo consideró que el análisis efectuado por el a quo no aparece justificado en función de la normativa aplicada, ya que la ley se refiere a la fragmentación de bienes o servicios que conforman la actividad normal y específica propia del establecimiento, es decir, la habitual y permanente.

En ese sentido, los vocales remarcaron que el argumento del a quo hace pie “en que las tareas de limpieza de las sucursales bancarias, en las condiciones y formas que fueron descriptas por los testigos implica solidaridad legal en contra de Bancor”, observando que no es ésta una condición que torne operativa la responsabilidad establecida en la norma en crisis, sino que debe tratarse de una actividad “inherente” al proceso de producción, sin la cual éste se vería alterado.

Así las cosas, el TSJ interpretó que ello no se verifica en la situación existente entre ambas accionadas, cuyos objetos sociales son sustancialmente disímiles.

Por lo expuesto, en la decisión se concluyó que cabe desplazar la responsabilidad del Banco de la Provincia de Córdoba SA por el crédito que se ordena abonar en los presentes actuados, agregando que no impide la conclusión que los empleados se reportaran a los gerentes, pues la tarea se ejecutaba en el sitio donde estaban ubicadas las sucursales bancarias, cuya autoridad, a la postre era el gerente.

En definitiva, en el fallo se resolvió que correspondía casar el pronunciamiento en este aspecto y por las razones expresadas revocar la condena en contra del codemandado.