En las relaciones de consumo no procede el trámite de secuestro prendario

La Justicia entendió que la ley 12962 es incompatible con la protección que brinda la normativa. En el caso, un banco intentó cobrar un crédito con el remate del auto de un deudor, sin darle intervención en el proceso

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial consideró que la ley 12962 (de Prenda) es incompatible con la vigencia de varias disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

El tribunal resolvió en línea con el dictamen de la Fiscalía General y como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -a raíz de una queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal (MPF)- le ordenó que dictara un nuevo pronunciamiento.

En el caso, un banco había promovido un secuestro prendario en el marco de un proceso que evidenciaba la existencia de una relación de consumo. Además, inició el trámite en una jurisdicción ajena a la del domicilio del consumidor y sin permitirle intervenir en el proceso.

“La facultad de secuestrar los bienes prendados sin dar audiencia al demandado es contradictoria con las garantías que la LDC asegura a los consumidores y usuarios”

(Fiscal Gabriela Boquin)

Frente a ese panorama, la Fiscalía General ante la Cámara Comercial, a cargo de la fiscal General Gabriela Boquin, solicitó el rechazo del secuestro prendario intentado y que, en su defecto, se permitiera la bilateralización de la causa, para que el deudor pudiera ejercer todos los derechos que, como parte de una relación de consumo, le garantiza la Constitución Nacional (CN) en su artículo 42.

“El trámite en cuestión, en tanto presupone que el deudor-consumidor no debería tener que defenderse, resultaba arcaico y desactualizado, en tanto desconocía la vigencia de la Ley 24240 y del artículo 42 de la CN, que conducen a preservar el derecho de defensa de los consumidores” , argumentó la agente.

Además, alegó que de los considerandos del decreto-ley 15348/46 (régimen de prenda, ratificado por la ley 12962) surge que la norma no fue pensada para regular relaciones de consumo, al consistir en una medida de política crediticia destinada a productores, comerciantes e industriales.

“La facultad de secuestrar los bienes prendados sin dar audiencia al demandado es contradictoria con las garantías que la LDC asegura a los consumidores y usuarios”, añadió.

La alzada valoró que correspondía integrar las normas prendarias con las reglas que protegen a los consumidores y conferir preeminencia a “la más favorable para el consumidor, como la expresión favor debilis (a favor del más débil)”, la regla de interpretación prevista en el artículo 3 de la LDC.

Paralelamente, arguyó que si bien el contrato prendario objeto del trámite menciona el artículo 39 de la Ley de Prenda, no aparece reproducido en la cláusula respectiva el texto de la norma ni explicado en forma clara y comprensible que el consumidor que se está sometiendo a la posibilidad de que le secuestren el bien prendado sin darle oportunidad de demostrar, por ejemplo, que no está en mora.

El planteo inicial de Boquin fue desestimado por la Sala A, por lo cual la funcionaria formuló recurso extraordinario, que no fue concedido por la cámara.

Así, llevó el caso a la Corte por la vía de la queja.

El Máximo Tribunal revocó el fallo dictado por la Sala A, remitiéndose en lo sustancial a lo decidido en la causa “HSBC Bank Argentina SA”.

Por tal motivo, devolvió el expediente a la anterior instancia, ordenó el sorteo de una nueva sala y la emisión de una nueva sentencia.

La Sala F, al emitir un nuevo pronunciamiento, consideró que la ley 12962 resultaba incompatible con la vigencia de varias disposiciones de la LDC.

En tal sentido, valoró que correspondía integrar las normas prendarias con las reglas que protegen a los consumidores y conferir preeminencia a “la más favorable para el consumidor, como la expresión favor debilis (a favor del más débil)”, la regla de interpretación prevista en el artículo 3 de la LDC.

Por último, postuló que el secuestro directo, sin audiencia del deudor, cuando éste es consumidor, y la subsiguiente facultad del banco de rematar el bien para cobrar lo adeudado sin ningún control de aquél ni del juez, “contradice los postulados básicos que inspiran el derecho de consumo, en tanto cercena el derecho de información que la ley asegura al consumidor en ocasión de contratar”, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1384 y 1388 del Código Civil.