martes 5, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Empresarios cordobeses fustigaron avanzada política sobre la Justicia

CORTE SUPREMA MINISTROS
MINISTROS. Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
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La Mesa de la Producción de Córdoba manifestó su compromiso con trabajar para el fortalecimiento de las instituciones y planteó que en el momento “de extrema fragilidad” actual es necesario defender la seguridad jurídica

En un comunicado titulado “Juicio político a la Corte: otra vez en juego las reglas constitucionales”, la Mesa de la Producción de Córdoba manifestó su compromiso con trabajar para el fortalecimiento de las instituciones republicanas.

En esa línea, exigió que se asegure el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la calidad institucional y la seguridad jurídica.

La entidad recordó que en numerosas oportunidades planteó que la división de poderes es la garantía de una república sana y equilibrada porque pone “frenos y contrapesos a decisiones políticas que atentan contra el orden institucional”.

Indicó que ahora vuelve a manifestarlo “con preocupación” por “el intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia” motorizado por el Gobierno nacional.

“La manipulación de las herramientas constitucionales desnaturaliza por completo la independencia de los poderes del Estado y pone en vilo la confianza sobre el sistema republicano”, resaltó.

En esa línea, sostuvo que “la avanzada política sobre la Justicia busca socavar el rol del Judicial, un poder que hoy es casi la única herramienta (sin dudas perfectible) con la que contamos los ciudadanos para poner límites al ejercicio de poder de los gobernantes”.

La Mesa de la Producción de Córdoba expresó que en el momento “de extrema fragilidad” actual es necesario “defender la seguridad jurídica, reconstruir la confianza y credibilidad y defender la paz social”. Bajo esa premisa, resaltó que “las urgencias no pasan por las disputas políticas”.

“La situación económica es acuciante y todo indica que las condicionan empeorarán a lo largo del año 2023. Necesitamos enfocarnos en las soluciones de fondo que vuelvan a traer bienestar y crecimiento, en beneficio del conjunto”, señalaron la Bolsa de Cereales; la Bolsa de Comercio; la Cámara de Comercio; la Cámara de Comercio Exterior; la Cámara de la Construcción Delegación Córdoba (Camarco); la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Córdoba (Coninagro); la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Federación Agraria Argentina – Distrito Córdoba (FAA); la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom); la Sociedad Rural Argentina – Distrito Número 4 (SRA)y la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

Cabe recordar que la semana pasada se difundió un nuevo reclamo empresarial para que el oficialismo desista de enjuiciar a la Corte.

Un grupo de empresarios y profesionales suscribió una extensa carta en la cual advirtió de que el posible juicio político frenará la inversión privada y le reclamó al Legislativo que retire el pedido que impulsa el Gobierno.

Entre los ejecutivos que firmaron la misiva figuran Cristiano Rattazzi (Fiat), Eduardo Gorchs (Siemens Argentina) y Javier Goñi (Ledesma).

También la suscribieron Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), entre otros.

En el texto, plantearon que la Constitución Nacional (CN) es “el pacto social que une a los argentinos” y “el marco en el cual se desenvuelven las actividades que se desarrollan en el país”.

Bajo esa premisa, manifestaron que el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Judicial son elementos esenciales de aquel marco y “fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza”.

En otro tramo del escrito, los firmantes valoraron que iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Máxima Instancia por desacuerdos con el contenido de sus sentencias, una causa no prevista en la CN, es un “desatino institucional” que pone en duda “cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina” y poner a ésta “en evidencia negativamente ante los ojos del mundo”

“¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”, sumaron.

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