A raíz de sus decisorios que frenaron el operativo policial de la Policía Metropolitana en el barrio de Recoleta, dispuesto por el Gobierno porteño en las inmediaciones de la casa de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para garantizar su seguridad y la de vecinos y transeúntes, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, denunció al juez Roberto Gallardo por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
El texto sostiene que la cautelar que dictó, poniendo en manos de Policía Federal la custodia de aquella zona y la de la alta funcionaria, es contraria a la Constitución Nacional y a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los argumentos de que se contrarían los principios del “federalismo”.
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