El TSJ decide si suspende el aborto legal en Córdoba

La Fiscalía General consideró que debe hacerse lugar a los amparos presentados por el legislador Aurelio García Elorrio. El fiscal General sumó a su adjunto, Pablo Bustos Fierro, para dotar de más validez al dictamen. Ocurre que aún no fue resuelta la recusación que pesa en su contr a

El fiscal General de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado , y su adjunto, Pablo Bustos Fierro, opinaron que debe suspenderse la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Córdoba. [privado]

Lo hicieron mediante un dictamen que trascendió ayer pero que fue suscripto el 3 de agosto último y no fue dado a conocer oficialmente por tribunales, hasta que ayer se filtró la información.

Curiosamente, el documento fue suscripto también por Bustos Fierro, en lo que significa una estrategia del fiscal General para que el dictamen continúe siendo válido si, finalmente, el TSJ admite su recusación .

Cabe recordar que Delgado fue recusado en esta causa por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio de Interés Público. Dicho planteo no fue resuelto aún por el Alto Cuerpo, que igualmente decidió correr traslado al Ministerio Público para que dictamine sobre la cuestión .

Al dictaminar a favor de admitir la medida cautelar interpuesta por el ex legislador y abogado Aurelio García Elorrio y Portal de Belén, la Fiscalía hizo hincapié en el riesgo irreparable que implicará la puesta en marcha del aborto legal .

“Teniendo como norte que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar un derecho que corre el riesgo de perderse o de sufrir un menoscabo, y frente a la imposibilidad o dificultad de su reparación ulterior, se considera que en este caso puntual sin la intervención judicial a través de una medida precautoria, se generarán consecuencias no deseadas en el caso de que la parte actora resulte exitosa en el proceso, pudiendo el colectivo por ella representado verse privado de su derecho”, aseguró el documento de 25 páginas.

Medida innovativa

El Ministerio Público aclaró que no es lo mismo declarar la inconstitucionalidad de la norma y dejar de aplicar definitivamente el plan o programa puesto en marcha por el Gobierno de la Provincia de Córdoba -mediante el Ministerio de Salud- para interrumpir embarazos, que suspender provisoriamente su aplicación mientras dure la sustanciación de la causa.

“ Se trata en el caso de una cautelar innovativa que, aunque en general sólo

procede con carácter excepcional, son especialmente admisibles en los casos en los que lo que se encuentra en juego es el derecho a la vida y a la salud ”, expresaron los fiscales, quienes agregaron: “En casos como el presente, negar la procedencia de una medida innovativa bajo pretexto de que coincide con el objeto de la acción es contrario a la naturaleza preventiva del amparo que surge del artículo 43 de la Constitución Nacional y del artículo 48 de la Constitución Provincial”.

Así las cosas, el dictamen concluyó que “atento a encontrarse en juego el derecho a la vida , el que -como ya se dijo- es el primer derecho que tienen las personas, y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista”.

El dictamen tuvo lugar luego de la presentación de dos recursos de amparo por Juan Aurelio García Elorrio, en los que el ex legislador busca impedir que la Provincia cumpla en el territorio la Ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Concretamente, pide “que se declare inconstitucional el plan o programa puesto en marcha por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos de acuerdo a la Ley Nacional N° 27610”, y que “se declare inconstitucional respecto a las facultades propias no delegadas de la Provincia de Córdoba relacionadas con el poder de policía de salud”. También cuestiona la “entrega de misoprostol a niñas menores de dieciocho años (18) en espacios distintos a centros de salud de alta complejidad y ello no es posible porque el misoprostol es un fármaco que causa mucho daño en las mujeres, y más aún en las niñas, a pesar de las contraindicaciones que constan en el prospecto y sin consentimiento de los padres”. [/privado]