El TSJ cordobés dispuso “perforar” el piso mínimo para una regulación de honorarios

El Alto Cuerpo consideró que el arancel mínimo dispuesto para remunerar la tarea realizada por un abogado era exorbitante, por lo que determinó que debía adecuarlo a la realidad el código vigente

Al interpretar que la tarea efectuada por la abogada de la actora, al contestar un recurso de casación, no implicó una cuestión novedosa que no tuvo entidad en los resultados finales de la cuestión, que en sí resultó vencida en esta etapa, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó apartarse del mínimo legal dela artículo 41 del Código Arancelario de 60 jus por la intervención en etapa extraordinaria y ordenó fijarlo en 20 como regulación justa y equitativa.

El Alto Cuerpo integrado por Marta Cáceres, Domingo Juan Sesín y Luis Angulo observó que, en miras de proveer al requerimiento arancelario, según se desprende de las constancias de autos, el abogado peticionante ha intervenido en la instancia extraordinaria local, haciéndolo en representación de la parte actora en virtud de la casación oportunamente interpuesta por el asesor legal de Área de Administración del Poder Judicial, respecto de una cuestión incidental suscitada sobre materia tributaria, tal la exigibilidad de la tasa de justicia al accionante -que había sido resistida por éste con invocación del principio de gratuidad consagrado en el estatuto consumeril-.

El fallo relató que al conocer dicha impugnación, la sala resolvió su acogimiento, con imposición de costas por el orden causado, siendo el abogado peticionante de la regulación el representante de la parte actora quien resultó vencida en la instancia casatoria.

Monto

Con tal prevención y en trance de justipreciar la labor profesional a retribuir, se indicó que no debe perderse de vista que, en el caso y por aplicación del artículo 40 del Código Arancelario, la base regulatoria estaría dada por el monto de la tasa de justicia cuya exigibilidad se erigió en materia de debate ante esta fase impugnativa de excepción.

Efectuados los cálculos pertinentes, y dado el carácter incidental de la cuestión, se advirtió que, aun aplicando los porcentajes máximos de las escalas respectivas, la retribución que se obtendría de aplicar dichos parámetros “no alcanzaría el pedestal regulatorio mínimo con aptitud para compensar con dignidad la labor profesional de que se trata, por lo que corresponde proveer a su recomposición”.

El Alto Cuerpo observó que esa aspiración última no se satisfaría mediante el simple expediente de recurrir a los 60 jus (a que alude el art. 41 CA), puesto que la suma resultante “traduciría una evidente e injustificada desproporción entre el gaje y la importancia de la labor a remunerar, que es preciso conjurar”.

Así, se destacó que cuando la actuación de la norma, tomada en su estricta literalidad y aislada del contexto al cual accede, “arroja un resultado irrazonable y desmedido, deviene procedente proveer a la perforación del mínimo contemplado en el art. 41 CA”.

El TSJ apuntó que la recta interpretación de ese artículo debe ser establecida en armonía con el sentido que inspiran las reglas y principios que subyacen a la propia ley 9459, como también en adecuación con la legislación federal que, como tal, ostenta un nivel jerárquico superior en la pirámide normativa.

Interpretación

La decisión indicó que el propio régimen arancelario conmina al juzgador a interpretarlo de manera que aseguren a los profesionales del derecho una retribución digna y equitativa por la actividad cumplida, aspiración que “abreva y reconoce sustento en la garantía axil que asiste a todo trabajador a obtener una ‘retribución justa” (...) y que concurre a descalificar “no sólo aquellas regulaciones que, por exiguas, repugnen esas elementales pautas de dignidad y equidad, sino también las que, por desorbitadas, se revelen conculcatorias al derecho de propiedad que asiste al deudor y que -vale destacar goza de amparo legal de idéntica jerarquía” .

En ponderación conjunta de todas las particularidades apuntadas, concluyó el Alto Cuerpo que queda en evidencia que, en la especie, la aplicación mecánica e irreflexiva de aquella norma individual (art. 41 CA), tomada en su estricta literalidad y aislada del contexto al cual accede, conduciría a un arancel notoriamente disociado de la verdadera entidad del trabajo profesional cuya regulación se peticiona.

Por ello, en el fallo se resolvió que la suma equivalente a 20 jus constituye una compensación digna y equitativa por la labor que al letrado peticionante le cupo en la instancia de casación.