El Servicio Penitenciario de Catamarca deberá gestionar prótesis y operación de interno

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el decisorio del juez Miguel Ángel Contreras, que no hizo lugar al habeas corpus interpuesto por la defensa de un interno del Servicio Penitenciario de Catamarca que necesita ser intervenido quirúrgicamente para recuperar la movilidad de una de sus piernas.

Así, le ordenó que gestione una nueva prótesis para el detenido y que organice todo lo relativo a la operación de reemplazo que precisa, a fin de que pueda seguir cumpliendo su condena en la cárcel.

A su turno, el abogado del penado requirió que se verificara su estado de salud, que se le concediera prisión domiciliaria y que se arbitraran los medios necesarios para que acceda a la práctica médica que requiere.

El galeno de la institución penitenciaria presentó el informe de rigor y se hizo la entrevista con el detenido. Por vía incidental, el Tribunal Oral Federal de Catamarca, a cargo de Contreras, le negó el beneficio de la domiciliaria, no hizo lugar al hábeas corpus y elevó las actuaciones en consulta a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

A su turno, el fiscal sostuvo que el detenido “se desplaza con dificultad dentro del penal” porque usa muletas de manera permanente y concluyó ello le imposibilita realizar tareas “propias a la reinserción a la que se compromete el Estado”.

A su turno, el fiscal general Antonio Gómez consideró que debía revocarse la sentencia y que el Servicio Penitenciario de Catamarca debía gestionar la operación.

Reseñó que el detenido “se desplaza con dificultad dentro del penal” porque usa muletas de manera permanente y que ello le imposibilita realizar tareas “propias a la reinserción a las que se compromete el Estado”.

Trámite

Sobre el argumento del Servicio Penitenciario, que expuso que la prótesis no llega porque no avanza el trámite para obtenerla, opinó que no era atendible “para frenar los objetivos buscados en una acción de habeas corpus”.

“Los encargados de las instituciones que ejecutan el poder punitivo del Estado tienen obligaciones a su cargo. En este caso, deberá operarse al interno en cuestión”, concluyó.

La alzada resolvió siguiendo el criterio de agente, dispuso la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para que ordene la inmediata constitución de una junta médica que evalúe al detenido y le ordenó al Servicio Penitenciario de Catamarca que gestione la obtención de la prótesis y programe la intervención quirúrgica del hombre.

“El médico de la autoridad penitenciaria relata en su informe las diferentes oportunidades en las que el hombre recibió atención médica pero no realiza especificaciones respecto a su estado actual de salud como consecuencia del traumatismo que sufrió. Tampoco obran en las presentes actuaciones los comprobantes respecto a los trámites realizados a fin de asegurar que el nombrado sea intervenido quirúrgicamente con la urgencia que requiere el caso”, reseñó.

Además, advirtió que el Servicio Penitenciario “no se expidió acerca de las afirmaciones realizadas por el accionante en la audiencia, sino que se limitó a afirmar que éste se encuentra apto para continuar alojado en la institución penitenciaria sin mayores especificaciones”.

Para la cámara, subsisten interrogantes respecto al estado de salud del penado y dudas sobre “si sus circunstancias son compatibles con la vida intramuros”.

En atención a ello, enfatizó que es “ineludible” tomar las medidas necesarias para asegurar que los derechos cuya afectación denunció su defensa sean resguardados.

“Al igual que el resto de la población, las personas privadas de su libertad tienen el derecho al mayor y más oportuno acceso a través de los niveles sanitarios adecuados disponibles. En esa dirección corresponde recordar que la normativa protectora de los derechos humanos vigente es profusa en cuanto a la obligación del Estado de garantizar adecuada atención sanitaria”, subrayó.