El Consejo de la Magistratura demora un año en tramitar un proceso disciplinario

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia publicó un informe que revela la importante mora que registra el organismo en analizar una denuncia contra un magistrado. El expediente transcurre la mayor parte del tiempo en la Comisión de Disciplina y Acusación

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un informe sobre los procesos disciplinarios en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación y reveló demoras en gran parte de los expedientes tramitados en los últimos años. [privado]

A lo largo de 31 páginas, el informe analiza los diferentes datos sobre los expedientes culminados, desestimados o resueltos, con el fin de conocer algunos aspectos de la forma en la cual el Consejo de la Magistratura lleva adelante este tipo de procedimientos.

El documento advirtió que existen “demoras significativas e injustificadas” en gran parte de los procedimientos, sin que existan consecuencias sobre los consejeros a cargo de la tramitación. El promedio total de duración de los procesos disciplinarios es de 361 días corridos, y la mayor parte de la vida del expediente transcurre en la Comisión de Disciplina y Acusación.

La demora promedio del plenario para tratar los temas es de casi una sexta parte de la duración total, con 58 días corridos. A su vez, el desagregado por año revela que los expedientes iniciados en los años 2012, 2013 y 2014 fueron los que mayor cantidad de tiempo duraron; mientras que se observa una caída pronunciada en 2017.

La asociación explicó que la “falta de medidas realizadas en la mayoría de los expedientes disciplinarios no se condice con el tiempo que insumieron para su resolución”. En 19% de los casos se desestimaron las denuncias in limine sin solicitar ni realizar ninguna medida probatoria; mientras que en 27% se desestimó la denuncia tras correrle traslado al denunciado, pero sin ordenar ninguna medida de prueba.

Sólo en 22% de los casos el Consejo de la Magistratura realizó alguna medida probatoria, las cuales constituyeron casi exclusivamente en solicitud de copias de expedientes judiciales, según los datos analizados.

En dos por ciento de los casos se determinó la apertura del procedimiento de remoción. El resto de casos fueron desestimados o archivados. Sobre este último punto, la entidad destacó que la cantidad de casos en que se arriban a sanciones “es sensiblemente baja respecto de la cantidad de denuncias”.

En cuanto a los expedientes terminados por caducidad, el informe resaltó que aquellas denuncias que ingresaron el 2011 fueron las que más caducidades registraron. Los jueces más beneficiados por casos de caducidad fueron Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío, ambos con 9 casos que caducaron, seguidos por Carlos Vicente Soto Dávila (5 casos), Carlos Alberto Rozanski y Alberto Ize (4 casos cada uno).

La investigación también da cuenta de que las denuncias son dirigidas en mayor medida a juezas y jueces de primera instancia. En lo que respecta a las jurisdicciones, los datos arrojan que el Nacional es el más denunciado y le sigue el fuero federal del interior, es decir aquellos juzgados federales que se encuentran en las provincias, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los tribunales federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires, el fuero federal penal demuestra ser el más denunciado. [/privado]