ESCUCHAREl juez federal Daniel Rafecas criticó la legislación cordobesa y dijo que las facultades otorgadas a la policía son propias de una “justicia policial” y “no democrática”. Sobre las condiciones de detención, opinó que debería seguirse el ejemplo de lo que ocurre en el ámbito nacional.
El magistrado visitó ayer Córdoba, para presentar el informe Mirar Tras los Muros – Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba. Habló con los medios aunque no quiso hacer referencia a las denuncias que pesan en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sólo dijo que está bien y “que seguirá trabajando”.
Que el juez porteño haya sido el encargado de presentar el trabajo de la Comisión de la Memoria de la provincia no es casual. Ha sido uno de los magistrados que más ha trabajado para investigar los crimenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura cívico-militar. Antes de la presentación del trabajo, Comercio y Justicia dialogó con él.
-¿Qué opinión tiene de este informe que vino a presentar a Córdoba?
-Lo primero que surge es el déficit en materia de cumplimiento de derechos fundamentales. Como observador desde fuera, llama mucho la atención el Código de Faltas, las facultades demasiado amplias y reñidas con los principios constitucionales básicos que tiene la Policía de Córdoba, relacionada con ciertas contravenciones y faltas por medio de las cuales ella pasa a ser juez y parte de personas detenidas. Esto fue resuelto en la ciudad de Buenos Aires hace 18 años. La de Córdoba es una legislación que atrasa por lo menos 20 años. En ese sentido, es importante decir que en Buenos Aires -tras la derogación del Código de Faltas- no vino luego el diluvio ni una ola incontrolable de delitos o de disturbios, nada sucedió. Éste es un antecedente que debería ser tenido en cuenta por los ámbitos políticos y animarse a empezar a hacer retroceder estas potestades policiales propias de una justicia policial y no democrática. A mi entender, es una cuenta pendiente de la democratización a nivel provincial.
-El informe también denuncia la situación de los detenidos en las cárceles de Córdoba…
– Lo que se refiere a la sobrepoblación carcelaria y prácticas del uso de la fuerza, son prácticas que lamentablemente se ven a lo largo y a lo ancho del país. Estamos en una situación grave pero no sólo en Córdoba. Tal vez el faro en este tema tendría que ser lo que ocurre a nivel nacional. Tanto el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como la Justicia federal han hecho progresos muy interesantes en estos últimos años, haciendo desaparecer la sobrepoblación, mejorando las condiciones de detención de los presos, ampliando la oferta de educación, de trabajo, eliminando por completo la detención en comisarías. También se ha trabajado en una mejor capacitación de los cuadros penitenciarios. La dirección del SPF está desde hace cinco años a cargo de un civil , todo lo cual marca el rumbo que deberían seguir los servicios penitenciarios provinciales.
-¿Cuáles el rol que ha asumido el Poder Judicial en estos años?
-Hoy el Poder Judicial tiene mucha más conciencia de lo que significa el encarcelamiento preventivo. Las tasas de prisión preventiva en la Justicia federal están decreciendo constantemente. Evidentemente, el recambio generacional es positivo. Están siendo designados funcionarios judiciales educados íntegramente en democracia con una especial sensibilidad: no tienen un proceso de burocratización tan marcardo, saben que tras los expedientes hay personas. Y en el ámbito donde se forman los abogados también hay mucha más preocupación en estos temas. La ejecución penal es un ámbito que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años. También han influenciando de manera positiva los juicios de lesa humanidad.
– En Córdoba hubo un duro cruce cuando la Procuvin intentó inspeccionar dos cárceles de la ciudad. ¿Qué opinión le merece aquel episodio?
-No sé quién tiene razón en esta disputa. Lo que parece bastante obvio es que se necesita información para realizar un diagnóstico, si no hay información no podemos ni empezar. Y debe ser frustrante el intento de querer formular políticas para cambiar ciertas situaciones y no poder ni empezar porque no se tiene la información.
